La política educativa del gobierno, bautizada Ruta de la Educación, se estrelló contra un muro de escepticismo desde el primer anuncio. No venía acompañada de la documentación esperada de los autores de una política pública tan trascendental y de diversos sectores se escuchó la demanda de explicaciones. Las dudas aumentaron cuando la ministra Anna Katharina Müller hizo una presentación oficial respaldada por 56 diapositivas con información general.
La aprensión llegó hasta la Asamblea Legislativa. En la Comisión Especial de Educación alcanzó su cénit cuando la funcionaria salió al paso de las peticiones de documentación afirmando que “la ruta es un proceso vivo, no es ningún documento, no es un plan, no es un plan operativo, es un proceso vivo”.
Todo se aclaró el martes, cuando la ministra se atribuyó, ante un grupo de expertos, la invención del programa. “La Ruta de la Educación sí existe, solo que la Ruta me la inventé yo. Nunca ha habido una ruta de la educación y ahora hasta la Contraloría de la República quiere decirme cómo es el documento que debo entregar, el que todo el mundo está esperando. Yo, de la Ruta, ya tengo más de la cuarta parte ejecutada”.
La política educativa del gobierno es, entonces, la invención de una persona y no está documentada, ni debemos esperar que se plasme en un plan porque evoluciona con el tiempo en la mente de la ministra. Como proceso vivo, no se le puede captar en un papel y es necedad preguntar por la metodología aplicada.
Eso explica por qué nadie sabe, con excepción de la ministra, en qué consiste la Ruta de la Educación. Los docentes, encargados de seguirla, deambulan en la misma oscuridad que los expertos, incluidos los del propio Ministerio. Tan poco se sabe de la ruta, que el país no se dio cuenta del momento en que recorrió la cuarta parte.
El dato lo reveló la ministra para sorpresa de todos y de inmediato avivó preguntas sobre el trecho avanzado. Los hitos más notables, hasta el momento, incluyen la eliminación de las pruebas FARO sin contar con un sistema de evaluación para reemplazarlas y sin intervención oportuna del Consejo Superior de Educación, como manda la ley.
También se canceló el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) con la promesa de un fácil y expedito reemplazo, pero hasta hace poco ni siquiera se sabía donde almacenar los valiosos activos caídos en desuso y trascendieron denuncias de los funcionarios de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del MEP sobre un pésimo ambiente laboral atribuido a la directora de la oficina y a la ministra. Esa unidad está a cargo de la nueva estrategia de enseñanza informática luego de la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD), que por décadas ejecutó el Pronie.
El intento de sustitución de las pruebas FARO fueron unos exámenes cuyos resultados dicen poco del estado de la educación y, siempre en el marco de un proceso vivo, evolucionaron rápidamente a partir de su formulación inicial. No es posible saber hasta dónde los aplicó el Ministerio para hacer el “diagnóstico certero” citado por la ministra cuando se le preguntó por las alarmantes conclusiones del prestigioso Informe Estado de la Educación.
“Nosotros, en el MEP, tenemos nuestro diagnóstico y es muy certero. Vamos a comparar y ver en qué coincidimos y en qué no estamos de acuerdo. Puede ser que haya cosas en las que tengamos una visión diferente y estemos avanzados en soluciones”, dijo la ministra en esa oportunidad.
El diagnóstico y sus fundamentos no pueden ser otro invento ni deben permanecer en la mente de la ministra, esperando la evolución propia de un proceso vivo. La sociedad costarricense tiene derecho a conocerlos. Los diputados, especialmente los de la Comisión Especial de Educación, no pueden dejar de exigirlos sin incurrir en una grave falta a sus deberes.
El Informe Estado de la Educaciónya nos relató las espeluznantes realidades de su diagnóstico, fundado en sólida documentación y extensos trabajos de campo. Tenemos derecho a conocer, cuanto antes, el diagnóstico de las autoridades y los programas que harán pasar a la historia la incapacidad de los niños de cuarto grado para leer y escribir textos simples.