Entre risas, ironías y ataques a los diputados, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y el presidente, Rodrigo Chaves, demostraron, en conferencia de prensa, su completo desconocimiento de una de las razones centrales de la imparable ola de homicidios. Al iniciar su disertación, Zamora señaló el obvio papel de las armas de fuego en el sicariato y proclamó la “especial identificación” de su despacho con la lucha contra ese fenómeno.
Acto seguido, dejó en claro su ignorancia sobre las disposiciones de la ley de armas y sobre el proyecto enviado a la Asamblea Legislativa por el gobierno con la supuesta intención de combatir la tenencia de armas de guerra. Los dos funcionarios insistieron en que la ley solo sanciona la posesión de ese armamento como contravención y reclamaron a la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa la lenta tramitación del proyecto enviado por ellos para convertirla en delito.
Ninguno de los dos sabía que el artículo 89 de la Ley de Armas y Explosivos castiga la posesión de armas prohibidas con entre cuatro y ocho años de cárcel. Zamora se quejó de la imposibilidad de imponer prisión preventiva al imputado por esa “contravención” cuando, más bien, la ley impide siquiera la concesión del beneficio de ejecución condicional de la pena al condenado, porque el extremo menor del castigo sobrepasa los tres años, y no cabe duda de que si el juez lo estima necesario puede imponer prisión preventiva.
Peor aún, los dos ignoraban el contenido del proyecto de ley enviado al Congreso por el gobierno. La propuesta no guarda relación alguna con las armas prohibidas. Se refiere a la tenencia ilegal de armas lícitas, como vendría a ser la posesión de un simple revólver sin inscribir. Si la iniciativa llega a ser aprobada, no cambiará una coma a la regulación de las armas prohibidas.
El ministro admitió el error luego de una publicación de este diario. Es un error muy grueso, no solo por el desconocimiento de un tema definido por él como de capital importancia para la lucha contra la ola de homicidios, sino también por la ignorancia demostrada en relación con una de las supuestas soluciones impulsadas por la administración.
Por otra parte, es difícil atribuir a un error la narración de la impotencia experimentada por el ministro y sus subalternos por la supuesta falta del delito de posesión de armas prohibidas. Bajo la mirada teatralmente incrédula del mandatario, el ministro relató: “A veces se detiene a dos sujetos a las diez de la noche, con armas de guerra, esperando su objetivo. Llegó la policía, los detuvo, es una mera contravención, y media hora después están libres”.
Esa narración no puede ser un error. Es una falsedad plagada de detalles calculados para causar indignación y asombro: el par de sujetos son sorprendidos de noche, en espera de cometer un asesinato. Se les detiene y en media hora se les pone en libertad porque no cometieron delito alguno. Claro está, nada de eso puede haber ocurrido, salvo que también los jueces y fiscales desconozcan la existencia del tipo penal y nadie crea necesario detener a dos sicarios fuertemente armados, en espera de su víctima.
Luego de una cadena de traspiés, queda clara la inexistencia de una estrategia de seguridad ciudadana, y hacemos votos por que la publicada ayer rinda los frutos deseados. En su lugar, la administración ha exhibido constantes esfuerzos para desplazar la responsabilidad hacia el Poder Judicial, la Fiscalía y los diputados. Una y otra vez ha insistido en la imposibilidad de actuar mientras no se apruebe un manojo de proyectos de ley enviados a la Asamblea Legislativa. La conferencia de prensa se enmarca con toda claridad en ese empeño. Es una táctica gastada y, ahora, desacreditada por la tácita confesión de desconocimiento de las iniciativas, plagadas de defectos, que el propio Ejecutivo dice promover.