Si la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y sus empleados se salen con la suya, 595.000 abonados de la Gran Área Metropolitana pagarán miles de millones para reconocer 20 años de cesantía a los funcionarios jubilados. La Junta de Relaciones Laborales de la empresa, conformada por la administración y el sindicato, acordó reactivar un artículo suspendido de la convención colectiva para permitir el pago del beneficio, aunque la Sala Constitucional se ha pronunciado, una y otra vez, por limitarlo a 12 años.
El límite de la Sala es generoso, porque supera en un tercio el tope fijado para la inmensa mayoría de trabajadores, pero eso no satisface al sindicato de la CNFL ni inquieta a los administradores que firmaron el acuerdo el 17 de febrero del 2021. La reserva para hacer los pagos aumentó de ¢2.849 millones en el 2020 a ¢13.241 millones en el 2021, por cuenta de los usuarios porque el gasto se traslada a las tarifas.
El acuerdo contradice la disposición general de la Sala Constitucional para el sector público. Un fallo específicamente dictado en relación con la CNFL dejó sin efecto el artículo 99 de la convención colectiva porque disponía el pago en caso de renuncia del trabajador, pero el artículo 100 es donde se establece el tope de 20 años. Esa disposición es contraria a toda la jurisprudencia de la Sala, pero el departamento legal de la CNFL la considera vigente porque los magistrados no se pronunciaron específicamente en su contra.
La administración consultó a la Procuraduría y obtuvo una indicación muy clara del curso de acción apropiado. Si el pacto laboral mantiene disposiciones contrarias a las sentencias de la Sala IV, lo correcto es promover su eliminación mediante una acción de inconstitucionalidad.
“Si el consultante o las autoridades administrativas de la CNFL admiten y estiman que la convención colectiva (...) contiene normas con eventuales vicios de inconstitucionalidad, lo procedente es que instauren el proceso judicial correspondiente a fin de conseguir, con efectos jurídicos erga omnes, la invalidez” de estas, dijo la Procuraduría.
Los procuradores se negaron a pronunciarse por el fondo y cuestionaron que la CNFL intente obtener un criterio administrativo vinculante contrario a lo dictado por los magistrados. Según la Sala, “es inconstitucional, en todos los supuestos regulados por la norma (artículo 99), superar montos que reconozcan más de 12 años de cesantía”.
Los agudos análisis jurídicos de la CNFL afloran en una empresa cuya casa matriz, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), decidió intervenir hace apenas un año para someterla a una “reingeniería financiera” con el fin de reducir gastos, pasar a colones los préstamos en dólares, establecer un nuevo modelo financiero y contable para decidir la apertura de negocios, revisar los contratos de mantenimiento y valorar la venta de inmuebles no estratégicos.
Las “acciones drásticas” fueron recomendadas por el expresidente Carlos Alvarado en su tercer informe de labores, el 4 de mayo del año pasado, para evitar problemas financieros al ICE. Las “malas decisiones” de la CNFL, dijo Alvarado, ponen en riesgo la situación financiera de la casa matriz. El presidente aludió, específicamente, a proyectos eléctricos “mal planificados y ruinosos” como Balsa Inferior y Parque Eólico Valle Central.
El efecto de esas decisiones sobre las finanzas de la CNFL obligó al ICE a inyectarle ¢15.000 millones en el 2017, con el fin de cancelar una emisión de bonos colocados en el 2010 para construir Balsa Inferior, cuyo costo estimado era de $75 millones y terminó en $361 millones. El parque eólico pasó de $21 millones a $54 millones. Ese es el telón de fondo de la creatividad jurídica de la CNFL en un país donde el costo de la electricidad es objeto de constante debate y promesas de mejora.
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