Tras un largo recorrido democrático, que comenzó con intensas protestas, desembocó en dos procesos constitucionales y tuvo como interludio la elección presidencial de Gabriel Boric, los chilenos decidieron este domingo regresar a su punto de origen.
En un nuevo plebiscito, el 55 % de los votantes rechazó el segundo proyecto de Constitución presentado a su consideración en poco más de un año. De este modo, optaron por mantener la de 1980 que, si bien tuvo un origen ilegítimo (la dictadura de Augusto Pinochet), a lo largo de los años ha sido reformada profundamente y ha servido de marco para la consolidación de una robusta democracia.
De la solidez y hondas raíces democráticas chilenas es ejemplo, precisamente, la vía escogida por los principales actores políticos y sociales para canalizar los ímpetus de cambio reflejados por la oleada de protestas que se desarrollaron entre finales del 2019 y principios del 2020. Su intensidad demostró un descontento acumulado que debía ser atendido, y si bien la reacción inicial del desconcertado gobierno, encabezado entonces por Sebastián Piñera, fue de represión extrema, pronto se abrió el camino para una respuesta institucional.
Hoy es posible lamentar que, en los cuatro años transcurridos desde entonces, el enfoque haya sido puesto en modificar integralmente el pacto social del país, en lugar de concentrarse en reformas para resolver problemas y reclamos urgentes y más puntuales. Entre estos están la inseguridad, la ralentización del crecimiento económico y las falencias del sistema de prestaciones sociales. Sin embargo, estos años no pueden considerarse un tiempo perdido, porque sirvieron para reafirmar la estabilidad constitucional a través de procesos democráticos impecables.
Las protestas de origen condujeron, tras la decisión de las principales fuerzas políticas nacionales, a un primer plebiscito convocado por el Congreso y celebrado el 25 de octubre del 2020, en el cual una abrumadora mayoría ciudadana optó por apoyar la redacción de una nueva carta fundamental y encomendar la tarea a una asamblea nacional constituyente. Esta fue elegida por voto popular entre el 15 y 16 de mayo siguientes, con mayoría de miembros de partidos izquierdistas, grupos independientes y movimientos identitarios.
El texto, al que sus impulsores calificaron de “fundacional”, generó grandes y justificadas inquietudes por sus múltiples indefiniciones, escasa atención a reclamos socioeconómicos y exceso de concesiones étnicas, regionales e identitarias, que hicieron temer a muchos sobre la unidad nacional y territorial chilena. No constituyó una propuesta integradora, sino una amalgama desintegrada de reivindicaciones. El resultado fue su contundente derrota, por el 61,84 % de los votos, en el plebiscito del 4 de setiembre del 2022.
En mayo de este mismo año, Boric, socialista moderado, fue elegido presidente en la segunda vuelta frente al derechista José Antonio Kast, con un 55,8 % de apoyo. Pero su campaña a favor de la nueva Constitución, lejos de aumentar el respaldo hacia ella, disminuyó el suyo.
Ante el fracaso, un nuevo intento de replanteamiento constitucional condujo a otra elección para seleccionar a los redactores. Se celebró el 8 de mayo de este año y dio un claro triunfo a las fuerzas derechistas, desde las tradicionales hasta las extremas. De nuevo, el texto propuesto, que se volcó en exceso hacia contenidos conservadores, no logró reflejar un consenso nacional. Esto explica su rechazo el domingo y la vuelta a la Constitución de 1980, la “vieja conocida” que, sin embargo, cuenta con mecanismos de cambio.
Bajo ella, Chile ha sido capaz de mantener un modelo económico estable, un juego político vigoroso y una capacidad de reformas al aparato del Estado y a su paulatino fortalecimiento en áreas críticas, como la educación, la salud y la seguridad social. La erupción social del 2019 demostró que, para amplios sectores de la población, esto no ha sido suficiente. La tarea, ahora, es avanzar en lo que sea necesario, sin pretensiones totalizadoras, sino con pasos firmes y negociados.
El domingo se cerró un nuevo ciclo de la democracia chilena. No hubo claros ganadores ni perdedores. El período que se abre ahora es un regreso, pero también podría —y debería— servir como un nuevo comienzo, abierto, sensato y claro en sus objetivos.