Hace apenas tres días, Human Rights Watch, prestigiosa organización global defensora de los derechos humanos, emitió su Informe mundial correspondiente al 2023, en el que, de nuevo, el deterioro de la situación de Nicaragua queda reflejado con crudeza y detalle. “El gobierno ha intensificado su arremetida contra cualquier persona percibida como crítica, incluyendo miembros de la Iglesia católica, y ha desmantelado el espacio cívico. Las autoridades han cerrado masivamente medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades, lo que constituye una violación a la libertad de expresión y asociación y al derecho a la educación”, dice el resumen que precede la detallada relación de hechos.
En días recientes, tras el cierre de esa publicación, la diarquía tiránica, conformada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se encargó de ratificar, mediante nuevas acciones represivas, cuán certero es el informe.
Sus principales baterías se han dirigido contra religiosos católicos, pero la arremetida, parte de una aceleración en la construcción de su primitivismo totalitario, ha ido mucho más allá. Incluso es muy probable, como dijimos en nuestro editorial del viernes, que el reciente atentado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, exiliados en Costa Rica, responda a designios de Managua.
La nueva ofensiva anticatólica se desarrolló a finales de año, y no ha cesado. Desde el 20 hasta el 30 de diciembre, 13 sacerdotes y 2 seminaristas fueron arrestados (o, más precisamente, secuestrados) por las fuerzas de seguridad. Los cargos que se les achacan, todavía sin acusación formal, son imprecisos y nebulosos; es decir, falsos. Lo más que ha dicho la vicepresidenta Murillo, quien a su desatino añade falta de imaginación, es que “siembran el odio” y apoyan el terrorismo.
Entre los detenidos está el obispo Isidoro Mora, cuyo paradero exigió conocer hace pocos días la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La respuesta ha sido el silencio. Tampoco se conoce dónde está el resto de los secuestrados. Además, en febrero del pasado año, tras negarse a ser desterrado del país y perder la nacionalidad nicaragüense, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, digno símbolo de resistencia espiritual, fue condenado a 26 años de prisión. Entre los falsos crímenes que se le imputaron están “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” y propagación de “noticias falsas”.
Otro tipo de ensañamiento fue dirigido contra Karen Celebertti, organizadora del concurso Miss Nicaragua, y su familia. Después de que su representante, Sheynnis Palacios, obtuvo el galardón universal, la dictadura reaccionó indignada y atemorizada ante la independencia de criterio de la joven y el júbilo popular manifestado en las calles. Como represalia, a Celebertti y su hija se les impidió regresar al país luego de un viaje, mientras su esposo e hijo fueron detenidos e incomunicados del 28 de noviembre al 6 de enero, cuando se les liberó y exigió salir del país. Moraleja: la belleza y la alegría también son sospechosas para Ortega y Murillo.
Todo esto se da en un contexto de creciente alineamiento con China, Rusia y hasta Corea del Norte, tanto en aspectos económicos como militares, y de manipulación de los flujos migratorios masivos desde Nicaragua hacia el norte, como forma de chantajear a Estados Unidos. No se trata ya solo de las caravanas que avanzan por tierra desde Suramérica y que, al pasar por territorio nicaragüense, son expoliadas por miembros de las fuerzas de seguridad, sino también de que el régimen está estimulando las llegadas masivas, por vía aérea, de cubanos y personas de otras nacionalidades para que de Managua se dirijan hacia la frontera estadounidense con México.
A comienzos de este año, el papa Francisco lamentó la embestida contra los pastores católicos. Sin embargo, ni siquiera su retórica en extremo cuidadosa y de llamamiento al “diálogo respetuoso” han modificado las actitudes de la dictadura. La razón es simple: en un tinglado totalitario, las voces disidentes, las organizaciones que el Estado no controla y la libertad de culto y expresión resultan inaceptables. Por tal motivo, los hechos de represión más recientes son parte del acelerado y oscurantista avance totalitario. Lo más serio es que, por ahora, todo indica que cada vez será peor.