De unos años a esta parte, percibo con algo de frustración e impaciencia que se ha fortalecido en nuestro medio, en el ámbito de lo público, el ejercicio de lo que, por darle un nombre, llamaré derecho burocrático.
Es el modo de interpretar y aplicar la Constitución, la ley y el reglamento, es decir, de gestionar el ordenamiento jurídico, en un sentido que privilegia el derecho por el derecho, no importa si con ello se difiere o debilita la realización oportuna de fines o finalidades públicas, o se entorpecen actividades privadas que tienen utilidad pública.
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En consecuencia, el derecho burocrático, que se empeña en hallar en los entresijos de las normas todo lo que pausa, retarda, descalifica, obstaculiza o impide, tiene enormes costos económicos y sociales, que repercuten tanto en el plano individual como en el de la colectividad.
El derecho burocrático es menos una concepción que una práctica, exacerbada quizá por el fenómeno real de la corrupción, por el tratamiento mediático de este delicado asunto y su proyección en el imaginario colectivo. Es una manifestación, tal vez, del creciente descrédito de la política, de las jerarquías, órganos y actores políticos.
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Esto último explicaría que asistamos, sin percatarnos o preocuparnos todo lo que debiéramos, a un desplazamiento del poder real desde los órganos políticos del gobierno, dotados de legitimación democrática directa, a otros, diseñados como órganos técnicos y burocráticos, que no la tienen: que, por consiguiente, estimulemos, reforcemos y en ocasiones hasta valoremos las manifestaciones del derecho burocrático, más allá de límites razonables.
Mientras escribo lo anterior, recuerdo lo que decía el juez Warren, de la Corte Suprema de los Estados Unidos: «En el cuerpo de nuestra Constitución, los Padres Fundadores se aseguraron de que el gobierno tuviera el poder necesario para gobernar». Releyendo el texto de nuestra propia Constitución, yo diría lo mismo de la vocación propositiva que le imprimieron los constituyentes: el gobierno, en sentido amplio, aparece revestido de la autoridad necesaria para llevar a término los fines que nos conciernen a todos.
Pero me pregunto si las rutas del poder público no discurren hoy, de manera imprudente, hacia un destino inútil, anticipado por los excesos del derecho burocrático.
carguedasr@dpilegal.com
El autor es exmagistrado.