Con todo respeto, pero con vehemencia, hago un llamado al presidente para que se decida a gobernar y a ser el líder que el país, en las terribles circunstancias que vivimos, demanda.
Las consecuencias de no ejercer el liderazgo y de no actuar como gobierno responsable devendrá en mayor pobreza e insatisfacción social, lo que ha dado peligrosos resultados en otros países de la región.
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Debe rodearse de los mejores para explicar con claridad y transparencia la dimensión del problema y con una hoja de ruta clara y precisa que contenga las acciones necesarias.
El gobierno carece de sentido de urgencia, es ambivalente al hablar de control del gasto y paralelamente firma una convención colectiva amplia en concesiones.
El diálogo no es un fin, sino un medio para llegar a acuerdos políticos. Reconozco el llamado al diálogo en tres oportunidades diferentes, pero sin resultados concretos, lo cual no solo afecta una buena gobernanza, también erosiona un instrumento democrático esencial.
Estamos en uno de los momentos históricos más complejos, cuando todos los sectores deben participar y ser parte de la solución.
Erró el gobierno al inicio en llamar a diálogos bilaterales en vez de iniciar de manera directa con una mesa multisectorial.
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El acuerdo nacional, para que sea sostenible, precisa que todos los sectores seamos parte y que se logre una justa distribución en las cuotas de sacrificio.
Un líder unifica, no divide, pero este gobierno hace lo contrario: por una parte llama a las fracciones legislativas a trabajar juntos una propuesta para el FMI y, por otra, les lanza a los jerarcas de las instituciones a oponerse a los recortes de gasto, atacándolos incluso por la prensa.
Es una manifiesta deslealtad y quizás el peor de los errores, porque mina la buena voluntad de una Asamblea que lo ha apoyado y que al final serán los diputados quienes aprobarán futuros presupuestos, posibles impuestos y créditos.
Las autoridades del Poder Ejecutivo deben definir con claridad una nueva propuesta y medir bien los cronogramas de la ejecución, porque las calificadoras de riesgo y los mercados observan al país y un downgrade de nuestra deuda tiene repercusiones fiscales muy caras.
nmarin@alvarezymarin.com
La autora es politóloga.