Muchos de los indicadores de salud del país están al nivel de países con mayor poder económico que el nuestro. Eso habla bien de nuestro sistema de seguridad social. Sin embargo, como suelen advertir los asesores financieros, los resultados pasados no garantizan el éxito del futuro.
En ese futuro, la seguridad social enfrenta retos grandes, entre ellos, el demográfico, relacionado con el envejecimiento de la población. Con la creciente porción de adultos mayores, no solo cambian las enfermedades que deben ser atendidas, sino que también hay menos jóvenes trabajando por cada pensionado.
La atención de la pandemia de covid-19 ha absorbido muchos recursos. El estrés agregado revela diversas grietas dentro del sistema: uso ineficiente de recursos, compras mal hechas, inventarios obsoletos, entre otras. Si a esto se le suma que los salarios absorben la mayor parte del gasto de la Caja, son pocos los recursos que quedan para atender adecuadamente las enfermedades del futuro, incluidas otras posibles pandemias.
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Como en Costa Rica se emplea el método de «a lo que cueste», las cargas sociales irán aumentando automáticamente conforme los gastos aumenten, y sin discusión política, pues la Junta Directiva de la Caja puede aumentar cuotas sin pedir permiso a nadie.
El problema es que los incrementos tienen efectos en el resto de la economía. Como las cuotas pagadas por el trabajador o el patrono constituyen un impuesto al trabajo, lo encarecen, provocando que las empresas tiendan a sustituir a las personas por máquinas y, consecuentemente, suben el desempleo y la informalidad.
El problema económico de la seguridad social, de cómo cubrir necesidades crecientes con recursos escasos, no es fácil de resolver. De ahí que sea muy bienvenida la invitación que nos hizo «La Nación» para discutir en un foro sobre la seguridad social y su financiamiento.
Debemos tener mente abierta para debatir sobre el gasto en salud y pensiones, tanto acerca de la calidad como de la existencia de ineficiencias y desperdicios; y sobre posibles cambios estructurales en la atención de la salud y el sistema de pensiones. También, hay que hablar sobre la capacidad del país para financiar la seguridad social, muy relacionada con el empleo y la informalidad, que tiene que ver, a su vez, con productividad, trámites y la estructura tributaria (incluidas las cargas sociales).
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El autor es economista.