Por esas cosas curiosas de la vida, el diputado Melvin Núñez pasó de ser un símbolo para los antivacunas a ejemplificar los graves riesgos que se corren cuando imperan la testarudez y el desconocimiento.
Luego de pregonar de viva voz que no creía en la vacuna contra la covid-19 y que la pandemia era un asunto político, el restauracionista se contagió del virus y tuvo que ser hospitalizado.
Aun así no escarmentó y, por el contrario, Núñez cuestionó la directriz emitida por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que extiende a todo el sector público la obligación de inocularse.
«No somos ratas de laboratorio», sostuvo, en su afán por descalificar la validez de un producto que ha superado rigurosas pruebas de calidad y seguridad en prestigiosas agencias sanitarias del mundo. Además de irresponsable, la postura del diputado muestra una absoluta insensibilidad en el crítico momento que vive Costa Rica debido al aumento de enfermos de covid-19.
La enorme mayoría de las personas que hoy se encuentran luchando por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos no tienen el esquema completo de vacunación.
Por desgracia, muchos pierden la batalla. Entre el 19 y el 25 de setiembre, 223 murieron, para un funesto promedio de 4 decesos cada 3 horas. ¿Cómo es posible que alguien en su sano juicio haga campaña en contra del único medicamento que tiene a mano la humanidad en este momento para combatir esta peste?
No lo entiendo y tampoco comprendo a tantas otras personas que se aferran a campañas de desinformación, creencias absurdas y falsos profetas para rechazar la protección.
Por fortuna, un reciente fallo de la Sala IV confirmó la constitucionalidad de la vacunación obligatoria y declaró sin lugar 13 recursos de funcionarios sanitarios que se negaban a ser inoculados.
Los magistrados consideraron que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin legítimo que justifica el deber de vacunarse.
Lo anterior dio sustento al decreto que permitirá a los patronos, tanto del sector público como del privado, exigir a sus trabajadores la administración de las dos dosis y sancionar a quienes se nieguen.¿¿
Ojalá este sea el principio de la aplicación de otras medidas que permitan alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño y, de paso, protegernos de los falsos encantadores de roedores.