Fui invitado por La Nación a participar en un foro sobre las reformas al sistema de pensiones IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social. Fue muy interesante departir con gente que sabe tanto sobre la materia, como Rocío Aguilar, Edgar Robles, Jaime Barrantes y Carolina Santamaría.
De la actividad saco algunas conclusiones. Primero, que las reformas al IVM que propone la Junta Directiva de la Caja hay que hacerlas. Existe una realidad demográfica de una población que envejece rápidamente, por lo que cada vez hay menos jóvenes pagando las pensiones de más adultos mayores. Así está diseñado el IVM. Al agregar los errores de gestión del pasado, como haber permitido la pensión anticipada sin suficiente castigo y los bajos rendimientos financieros obtenidos sobre la reserva, el régimen se quedará sin fondos tarde o temprano.
Segundo, que esas reformas apenas le dan un respiro al régimen, pero son, claramente, insuficientes para asegurar una pensión digna a los adultos mayores del futuro. No se puede seguir aumentando cuotas y bajando beneficios. Lo primero aumenta la informalidad y la exclusión, por el altísimo impuesto sobre el factor trabajo que implican las elevadas cargas sociales. Lo segundo agrava el problema a los pensionados que no les alcance la pensión de la Caja, que, de por sí, es baja para muchos.
Tercero, y como consecuencia de las dos anteriores, hay que pensar en una reforma integral al sistema de pensiones nacional. La tarea va más allá de lo que pueda hacer sola la Junta Directiva de la Caja.
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Hay que pensar en unificar todos los regímenes de pensión del país en uno solo. Esto incluye a los regímenes «especiales» que otorgan pensiones de lujo. Se podría establecer, como sugiere Rocío Aguilar, una pensión básica para todos, financiada con cargo al presupuesto del gobierno. Eso significaría plantear una reforma tributaria, que sustituya parte de las cargas sociales actuales por algún otro impuesto que no sea al trabajo.
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También se podría instaurar, como sugiere Edgar Robles, un sistema de cuentas nocionales, administrado por la CCSS, que otorgue una pensión adicional a cada trabajador, según sus aportes al sistema. Al sumar los ahorros del ROP y la pensión voluntaria, los trabajadores podrían redondearse una suma considerable que les permitiría vivir más que dignamente.
La mesa está servida para una gran discusión nacional sobre el tema.
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El autor es economista.