En el mal llamado proyecto de renta global dual, que en realidad constituye un cambio profundo en el cobro del impuesto sobre la renta, el gobierno subrepticiamente introdujo la renta mundial.
La mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) posee renta territorial, la cual promueve la competitividad y la inversión extranjera, en contraposición con la renta mundial. Cuando el río suena piedras trae.
Una de las últimas grandes economías en migrar a la renta territorial fue Estados Unidos, en el 2016. Es decir, incluso el máximo exponente histórico del régimen de renta mundial es ahora territorial, porque existían poderosas razones económicas para hacerlo. Este ejemplo debería bastar para que Costa Rica no instaure la renta mundial.
En Estados Unidos los gobernantes se dieron cuenta de que si querían crear más empleo y que creciera la inversión de compañías multinacionales en el extranjero, que luego repatriaran sus capitales, resultaba imperativo mudarse al sistema territorial.
La conclusión evidente es que el sistema de renta mundial no funciona ni para los Estados Unidos ni para ningún otro, pues conduce a esquemas que, llevados a la práctica, resultan difíciles de hacer cumplir y no producen ni beneficio económico ni tributario.
Ni pasivos ni activos. En el documento Análisis de políticas fiscales de la OCDE Costa Rica 2017 (pág. 46), este organismo señaló de forma clara que «Costa Rica no debe pasar de un sistema territorial en el IS (impuesto sobre sociedades) a uno puramente mundial que grave todos los tipos de ingresos empresariales de origen extranjero, tanto pasivos como activos».
«El actual sistema tributario territorial y la elevada tarifa del IS hacen que las compañías costarricenses atiendan los mercados extranjeros —que tienen una baja tarifa del IS— desde dichos países, en lugar de exportar los bienes y servicios desde Costa Rica. No obstante, gravar ingresos activos de fuente extranjera a una tarifa alta como la del 30 % pondría a las sociedades costarricenses que operan en los mercados exteriores en una posición de desventaja competitiva. Por otra parte, Costa Rica es una economía abierta pequeña e importadora neta de capital. El número de empresas residentes en el país que obtienen ingresos de fuente extranjera es relativamente bajo. En estas circunstancias, el paso hacia un sistema de renta puramente mundial no aportaría demasiadas ventajas económicas. Tal movimiento conllevaría, además, elevados costos administrativos, sin que la recaudación aumentara de un modo sustancial», agrega la OCDE.
En efecto, la renta mundial no generaría ingresos adicionales relevantes en nuestro país. Una tarifa demasiado elevada sobre los ingresos pasivos de fuente extranjera generaría grandes distorsiones porque un gravamen alto iría en detrimento de la competitividad de las empresas costarricenses que invierten en el exterior y las induciría a demorar la repatriación de fondos.
Por tanto, es imperativo que las nuevas reglas fiscales no incluyan ingresos activos obtenidos en otros países dentro de la base gravable del IS y que únicamente los ingresos pasivos sean gravados, con el fin de captar aquellos que hayan sido enviados al exterior simplemente por motivos de elusión de impuestos.
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Contra las buenas prácticas. La OCDE es clara al sostener que modificar el sistema territorial actual para incluir rentas pasivas generadas en el exterior, por ejemplo, no tendría un impacto relevante en la recaudación del impuesto sobre la renta.
Nuestro país ingresó a la OCDE esgrimiendo adherir las mejores prácticas, entre ellas, en materia tributaria. Costa Rica es importadora neta de capital, por lo que depende de las inversiones extranjeras. Además, el porcentaje de empresas y personas físicas que poseen patrimonios afincados en el exterior es sumamente bajo.
A las consideraciones anteriores deben agregarse las complejidades y costos que significa la puesta en operación y administración de la renta mundial.
Incluso los modelos intermedios de «territorialidad ampliada», que gravan solo las rentas pasivas del exterior, como este proyecto de ley, deben responder a la realidad de la economía de cada país.
Para los contribuyentes, representa un encarecimiento en los costos de cumplimiento tributario. Carece de sentido crear nuevos impuestos que poco o nada ayudarán a resolver la crisis fiscal.
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Otro argumento adicional para oponerse a la introducción de la renta mundial es que numerosos empresarios nacionales, cuando necesitan financiamiento, traen parcial o totalmente sus ahorros en el extranjero y se lo prestan a sus empresas a un interés más bajo que el ofrecido por la banca comercial.
La introducción de la renta mundial desaparecería esa fuente de financiamiento y obligaría a esas empresas a acudir al mercado local en busca de crédito caro, con la consecuente presión de los intereses hacia arriba. Nuestras empresas perderían competitividad.
Cabe destacar que en la mesa de diálogo el Gobierno se comprometió expresamente a no incluir la renta mundial entre sus proyectos para fondear la propuesta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esperemos que los diputados enmienden ese entuerto.
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El autor es abogado constitucionalista.