La reactivación de la economía debe comenzar por fortalecer el modelo educativo. Para ello, es necesario determinar cuáles son las habilidades y destrezas requeridas para competir en el mundo globalizado, cada vez más exigente en cuanto a calidad e innovación.
Las inversiones extranjeras exigen profesionales poseedores de grandes capacidades, habilidades blandas y que hablen inglés. Es preocupante, por tanto, que empresas en zonas francas no encuentren personal con los perfiles idóneos.
La realidad es muy triste cuando se analiza la oferta de mano de obra calificada. El país puede exonerar de impuestos y cargas sociales a las empresas o vender energía eléctrica más barata, pero lo primero que debería ofrecer son recursos humanos competentes.
La tasa de informalidad no cede, a pesar de la gran inversión que hacemos todos los contribuyentes en educación. Trabajadores mayores de 15 y menores de 65 años dejaron de buscar empleo. Hay miles de profesionales que se esforzaron por terminar sus estudios, pero no encuentran quién los contrate porque no hablan otro idioma o escogieron una carrera sin demanda.
La situación es compleja debido a que universidades y el propio Ministerio de Educación Pública (MEP) están desconectados de la realidad del mercado. La falta de flexibilidad y visión y resistencia al cambio impiden hacer cambios curriculares acordes con las exigencias modernas.
El país se endeudó por un total de $167 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gastó $6 millones en una Unidad Ejecutora y al final esta terminó solamente 48 de las 103 obras previstas para el mejoramiento de los centros educativos. Es impresionante cómo se despilfarran los escasos recursos, no obstante los comités de vigilancia.
Tras el apagón educativo, no se vislumbran soluciones para mejorar la educación pública, persisten las graves dificultades para llevar a cabo clases presenciales y virtuales; escuelas y colegios carecen de equipamiento, capacitación e infraestructura.
El año pasado el MEP trabajó en el modelo combinado, presencial y virtual, pero por problemas de conectividad y calidad los resultados no fueron positivos.
Cambio extremo
La falta de recursos financieros no es el problema del MEP, sino la productividad del Ministerio, que es muy pobre debido a su inmensa burocracia. De mantenerse la estructura del Consejo Superior de Educación y del MEP no mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje aunque la inversión aumente.
Es necesario cambiar gradualmente a contratos de concesión a organizaciones no gubernamentales, asociaciones o cooperativas para que manejen los centros educativos en forma independiente, dentro de metas, protocolos de productividad y calidad, y de acuerdo con un programa donde el MEP dé en arrendamiento los edificios y equipos para reducir costos.
El presupuesto de cada centro de enseñanza dependería de los resultados, los cuales se establecerían mediante sistemas de medición y normas muy exigentes. El cuerpo académico sería el que tiene actualmente la institución y, conforme se pensionen, el concesionario podrá ir escogiendo su personal.
Los concesionarios, en conjunto con el MEP, estarían obligados a evaluar periódicamente el desempeño de cada educador y capacitarlo o removerlo si no cumple con los requisitos.
Con este modelo, cada concesionario tendrá libertad para el desarrollo de su programa. De esta manera, se potenciaría la innovación y las habilidades requeridas. Los resultados serían sorprendentes y se lograrían grandes economías.
Otro modelo es ofrecer una suma fija por cada alumno, calculada con base en los costos del MEP. Muchas familias a las que les resulta imposible pagar los altos precios de las colegiaturas de la educación privada se beneficiarían de esta figura, que ya existe en el MEP.
De acogerse esta nueva visión, desaparecerían las funciones y obligaciones de las juntas educativas para transformarse en unidades de apoyo y consulta entre la comunidad y el concesionario.
Con estos modelos, tendríamos educadores motivados y mejor remunerados, pues se reduce la elevada carga burocrática y la cantidad de papeles que deben llenar semanalmente.
Los problemas de infraestructura, alimentación, transporte, seguridad y decenas de obstáculos más se superarían sin pasar por la interminable tramitomanía. Cada centro educativo asumiría gradualmente las complejas obligaciones de la enseñanza pública. Cada concesionario tendría limitadas sus responsabilidades y resultados.
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El autor es ingeniero.