La brasa más caliente que enfrenta el gobierno es el problema fiscal, confirmó esta semana la OCDE. Nos advierte acerca de que, dadas las circunstancias financieras internacionales, el país corre peligro de una corrida de capitales. La advertencia no es nueva, mas sirve para enfatizar el poco tiempo del cual dispone el gobierno para tomar acciones concretas para resolver la situación económica del país.
Fue muy oportuna, por tanto, la comparecencia de la ministra de Hacienda ante la Asamblea Legislativa para presentar su plan de ajuste del gasto. Así, enmienda el error de la administración anterior, de enfatizar en más impuestos para resolver el problema fiscal sin disminuir los gastos.
El plan contiene recortes en gastos superfluos y el congelamiento de salarios de altos funcionarios. Si bien son medidas necesarias, tienen poco impacto en la reducción de egresos totales. La propuesta se centra en el rubro de remuneraciones, uno de los disparadores del gasto público y, por ende, uno de los principales causantes del abultado déficit fiscal.
El plan limita el crecimiento de los salarios base y de los pluses, así como el crecimiento del número de empleados en el Gobierno Central. No propone recortes de planilla, ni congelamiento de salarios, sino un crecimiento menor de las remuneraciones.
La ministra calcula que, en el primer año, el impacto de estas medidas sería de apenas una veinteava parte de lo requerido para eliminar el déficit primario. Si bien se espera que hacia el final de este gobierno el impacto sea mayor, por el efecto acumulativo de incrementos más bajos a los salarios, pareciera que es insuficiente, debido a que las remuneraciones totales del gobierno seguirán creciendo en términos reales.
Por eso, la administración complementa las medidas anteriores con otras, como la digitalización de compras, la renegociación de convenciones colectivas, el fomento de las tecnologías digitales dentro del gobierno y una propuesta de ley de empleo público que ligue las anualidades a criterios de eficiencia.
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Para acercarse aún más a la solución del problema fiscal, a doña Rocío le faltó mencionar dos aspectos fundamentales: la reestructuración del Estado, para eliminar duplicidades y cerrar instituciones públicas que ya no tienen vigencia, y la revisión de las transferencias, especialmente a las universidades.
Lo presentado por la ministra no es perfecto, pero al menos apunta en la dirección correcta.
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