La magnitud del desafío es tan clara como aguda. La necesidad de actuar, urgente. Al fin, el Ejecutivo demostró estar decidido a asumir su liderazgo y costo político. Ahora falta una disposición similar de la Asamblea Legislativa. Porque la contención de la bomba fiscal y el inicio del camino para desmontarla también pasa, necesariamente, por reformas legales que limiten los disparadores del gasto y aumenten la recaudación de impuestos. Así de simple. Así de grave. El compromiso y la responsabilidad deben ser de todos.
En su comparecencia de miércoles y jueves ante el plenario, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, planteó un vigoroso conjunto de medidas administrativas para empezar a atajar la crisis mediante recortes. Más allá del detalle de su exposición, el gran mensaje es que, desde el Gobierno Central, la cosa va en serio. Espero que siga así y que su actitud se traslade a otras instancias involucradas: diputados y partidos políticos, sin duda, pero también gremios, cámaras y sindicatos.
Sabemos que la administración precedente primero negó el problema, luego lo acentuó, más adelante hizo que hacía sin hacer, desperdició buenas condiciones globales (menores intereses y bajos precios del petróleo) para impulsar las reformas, y el problema quedó para la siguiente. Todo indica que el presidente, Carlos Alvarado, lo ha entendido y no quiere repetir los pecados del gobierno en que fue ministro; así lo revela el mensaje de Aguilar. Bien por él y su equipo. Bien por el país.
¿Ahora qué viene? En cuanto al Ejecutivo, “bailar” de inmediato con el rechazo que sus medidas generen entre los burócratas reacios a poner de su parte. Pero también es probable que reciba un generalizado apoyo público que neutralice el rechazo concentrado. Del Legislativo espero igual responsabilidad y decisión para hacer lo necesario y asumir sus propios costos.
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Pasada la inevitable pirotecnia política tras la comparecencia de la ministra, se impone que, al menos, los diputados mantengan la integridad de la reforma fiscal propuesta, ordenen las remuneraciones en todo el sector público, aprueben la regla fiscal y frenen las distorsiones de los destinos específicos. A ellos les corresponde, y pronto, la siguiente gran jugada ante una “afición” que demanda resultados.
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Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).
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