Desde hace muchos años no se puede afirmar que Costa Rica sea un Estado de derecho pleno. La ley no se aplica de igual forma a todos los habitantes, las decisiones públicas no son tomadas con el propósito de favorecer a la sociedad en su conjunto y los diferentes grupos de interés se han encargado de adueñarse de las instituciones con la finalidad de proteger sus privilegios.
La posibilidad de ejercer el derecho al voto como un mecanismo de corrección de esos graves desajustes mencionados es muy limitada. El resultado de las dos elecciones anteriores, en que con sobrada razón se reaccionó contra las estructuras tradicionales organizadas para el provecho propio, ha decepcionado a todos los que promovieron durante años un cambio político. La incompetencia llegó a niveles insospechados y en materia de probidad no hubo avance alguno.
A pesar de los múltiples y sistémicos defectos de nuestro sistema electoral, la acción política es el único camino para promover y obtener los cambios necesarios para la recuperación del Estado de derecho.
Suponer que para que el país prospere basta con hacer las propuestas apropiadas es pecar de una ingenuidad imperdonable. Quienes tienen en sus manos la posibilidad de legislar y adoptar políticas públicas saben muy bien lo que están haciendo y no actúan como lo hacen porque nadie les ha sugerido las soluciones correctas a los serios problemas que padece el país, lo hacen porque para eso llegaron al poder, para garantizar que los grupos que por décadas han medrado con los activos públicos lo sigan haciendo.
Para la mayoría de la población no queda más camino que involucrase en la acción política si se pretende algún día reconducir nuestro sistema político a niveles aceptables de representación democrática y de promoción del bien común.
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Participar en política no es nada sencillo. Como producto de una acción de inconstitucionalidad que interpuse en el 2004, se logró que en el 2010 fuera anulado el requisito de celebrar más de 465 asambleas distritales para inscribir un partido político (SC 9340-2010).
Pese a este adelanto en la simplificación del modelo electoral, el proceso continúa siendo extremamente complejo y violatorio de principios constitucionales.
En esa ocasión fue rechazado mi pedido para que se anularan otras disposiciones que atentaban contra los principios fundamentales de «una persona, un voto» y de «autorregulación de los partidos políticos», lo que mantuvo en vigencia el arcaico sistema que obliga a la celebración de 82 asambleas cantonales y 7 asambleas provinciales, tratadas todas en condición de igualdad, pese a las notorias diferencias en el número de electores.
A esto se agrega la exigencia de que debe haber presencia en todas las unidades territoriales para que pueda inscribirse un partido a escala nacional. Tenemos entonces que, para pasar a la acción política formal, los obstáculos que hay que vencer no son pocos, aun así, no son infranqueables y no deben servir de excusa para que los ciudadanos preocupados por el bien del país no se involucren en la acción política.
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Metas esenciales. Si de alguna forma se logra la acción política necesaria para tener incidencia real en la toma de decisiones, debe tenerse en consideración que para lograr restablecer las reglas básicas de convivencia características de una sociedad moderna es necesario someter a revaluación múltiples aspectos de nuestra institucionalidad:
a) Recuperar el Estado nacional y desmantelar el Estado corporativo. Cada grupo de interés se las ha ingeniado para tener su propia institución en donde es capaz de incidir sobre las decisiones públicas que en muchos casos son de carácter regulatorio de la actividad a la que precisamente se dedican quienes controlan la propia entidad.
La expansión de la malformación del corporativismo a lo largo y ancho del sector público lleva a que se distorsione por completo la esencia de la función que está llamada a cumplir cada entidad.
El inicio de la solución dependería de la eliminación de la mayor parte de las juntas directivas del sector público y la remoción de la naturaleza pública de gran parte de actividades profesionales y privadas que, aunque de interés público, no deben formar parte del aparato administrativo.
b) Revitalización de la Constitución Política. Es necesario no solo introducir reformas profundas a nuestro texto fundamental para ajustarlo a la realidad política, sino, además, rescatar la preeminencia de dicho cuerpo de normas como guía del contrato social, de modo que se recupere su papel como norma de mayor rango a la cual deben someterse todos los ciudadanos.
Este principio básico ha sido erosionado en muchas ocasiones por los mismos órganos llamados a hacerlo una realidad. Los correctivos en esta materia son impostergables.
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c) Eliminación de los privilegios. La consecuencia inmediata del irrespeto al principio de igualdad ante la ley es la aparición de numerosos privilegios que amenazan con llevar al colapso a nuestro país. Un pequeño porcentaje de la población tiene acceso a beneficios de los cuales no goza la inmensa mayoría de la población.
Esas diferencias son insostenibles ya sea en los sistemas de pensiones desproporcionados, pagados por la mayoría de la población debido a resoluciones dictadas por los mismos beneficiarios de esos privilegios, ya en los beneficios financieros directos obtenidos por grupos de interés que terminan siendo pagados por el consumidor. En tanto subsistan estos privilegios, el Estado de derecho se erosiona.
d) Reforma del sistema electoral. Los ciudadanos tienen un derecho incuestionable a tener una participación cívica en forma directa y sencilla, sin obstáculos. La posibilidad de elegir y ser elegido y de participar en la toma de decisiones trascendentales tiene que ser una vivencia cotidiana y no una carga. En el sistema actual eso no es posible.
e) Estado al servicio del ciudadano. Debe transformarse todo el aparato público sobre la idea clave de que se encuentra al servicio del ciudadano, que son un medio para un fin último que es el bienestar común, un medio no un fin en sí mismo.
f) Hacer realidad la rendición de cuentas. El control político y el control hacendario deben replantearse por completo ya que tanto la Asamblea Legislativa como su órgano auxiliar en la materia no han logrado cumplir su cometido de garantizar la probidad en el uso de los recursos públicos.
Estos y otros temas deberían ser parte esencial del debate público permanente, ya que es señalando las graves deficiencias que aquejan nuestro sistema político e institucional que podremos, aunque sea poco a poco, abrir el camino hacia formas más avanzadas de organización.
rodolfo@saborio.com
El autor es abogado.