El Instituto Nacional de Seguros (INS) planea adquirir 1,8 millones de marchamos digitales, con un valor de ¢4.860 millones, pero el estudio de mercado exigido por la Ley General de Contratación Pública no será divulgado en su totalidad. El Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) solo ofrece una versión “condensada” en siete páginas, es decir, incompleta.
Según Carlos Mejías, director del proyecto, el análisis detallado es para uso interno y está cobijado por el secreto comercial. Como es evidente, nadie compite con el INS en la emisión de marchamos y no habría razón alguna para resguardar el secreto, pero en esta ocasión la entidad, tan proclive a evitar la transparencia, alega que los posibles proveedores no autorizaron divulgar toda la información suministrada.
Cabe preguntar si los proveedores coincidieron en señalar cuáles aspectos de la información no deben ser divulgados o si el Instituto ofreció, motu proprio, mantenerlos en reserva. Solo un acuerdo previo de esa naturaleza permitiría discriminar entre los datos incorporados a la versión condensada y los destinados al secreto.
La única otra posibilidad es que el INS adivine cuáles datos querrían mantener secretos los proveedores, lo cual resultaría inaceptable porque ofrecería un medio para vulnerar o limitar la publicidad de los concursos celebrados mediante el Sicop. No es que las dos primeras posibilidades sean aceptables, pero la segunda resultaría extrañamente oficiosa, y si la exigencia de secreto viniera de los proveedores, al menos debería existir un convenio de confidencialidad con cada uno de ellos.
El INS podría divulgarlos y así dejar en claro cuál información será retenida por exigencia del proveedor y cuál es la justificación de esa confidencialidad. Según Mejías, el documento interno cuenta con mucha más información, como los elementos técnicos de los bienes por contratar y la experiencia de los proveedores. A primera vista, no parece clara la razón para declarar confidencial el elemento esencial de la contratación y el historial de las empresas interesadas en concursar.
No es la primera vez que el INS transita por este sendero. Un contrato de $44,6 millones para actualizar los sistemas informáticos no recibió refrendo de la Contraloría por su falta de transparencia. La Contraloría exigió una amplia justificación de la confidencialidad y otra idéntica para “todos aquellos documentos que dentro del expediente sean identificados como confidenciales”.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.