El 45 % de quienes retiraron la totalidad de su pensión complementaria en los últimos diez años tardó unos 36 meses en quedar con las manos vacías. A lo sumo, lograron «una solución cortoplacista con efectos desfavorables a largo plazo», dice la Superintendencia de Pensiones (Supén), promotora de la encuesta.
El resultado era previsible y constituyó uno de los principales argumentos de quienes nos opusimos al proyecto de ley para permitir el retiro del ahorro creado por la Ley de Protección al Trabajador con el fin de compensar la pérdida de valor del sistema de jubilaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias pertenecen a cada ahorrante, no cabe duda, pero ese es un pobre argumento para permitir el retiro anticipado. El razonamiento serviría también para eliminar la obligación del régimen complementario porque si el dinero es de cada cual, nadie tiene derecho a decirle cuándo ni cómo ahorrarlo.
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Pero esa autodeterminación desemboca en un grave trastorno social cuando los jubilados se encuentran sin fondos suficientes para vivir con dignidad. Ha pasado en otros países, y la encuesta revelada por la Supén advierte sobre la posibilidad de que ocurra en el nuestro.
Si el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias fue creado para paliar la proyectada insuficiencia del IVM, el único resultado posible de su eliminación es la pobreza. Cuando ocurra, el Estado deberá decidir hasta donde puede hacerle frente y no habrá mucho margen. Para comenzar, tendremos menos trabajadores activos por cada pensionado.
En ese momento comprenderemos el carácter visionario de la Ley de Protección al Trabajador y la miopía de la ley aprobada para facilitar el retiro de los fondos. Por fortuna, no se trata de la versión inicial, mucho más radical y dañina, pero de todas formas surtirá efectos perjudiciales.
Costa Rica creó el sistema complementario de pensiones hace 20 años y ha pasado buena parte de ese tiempo imaginando formas de destruirlo. Las ideas van desde el cuestionamiento de la exención tributaria incorporada en la ley hasta la aprobación de nuevos impuestos, pasando por el traslado del dinero al IVM y el retiro anticipado de los fondos. Ahora está en camino una iniciativa para sumar los ingresos de quien goce de dos pensiones al calcular el impuesto sobre la renta, con lo cual se elimina, de hecho, la exención original. Todo se vale, menos la previsión.
agonzalez@nacion.com