El Tribunal Supremo de Elecciones envió el 22 de febrero un urgente pedido de auxilioa la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, la reacción de los diputados ha sido casi nula; la de otros sectores, muy limitada. Es necesario despertar del letargo para evitar serios daños y avanzar en los proyectos que mejorarían el sistema electoral.
En marzo del 2023, el TSE propuso cuatro reformas fundamentales en este sentido, tres al Código y una a la Constitución. El propósito: mejorar el modelo de financiamiento de los partidos, fortalecer su representatividad e institucionalidad, y regular nuevas formas de propaganda. En setiembre, una comisión especial legislativa asumió la tarea de estudiar esas y otras iniciativas políticas y electorales que considerara “oportunas”. Parecía un gran progreso, pero el mandato tan amplio generó un gran riesgo. Pronto se materializó.
Ante su impacto, el TSE, mediante un acuerdo remitido al presidente legislativo, Rodrigo Arias, se vio obligado a expresar una “honda preocupación” por la relegación de sus propuestas y el avance de otras que “o son en sí mismas regresivas o en su conjunto ponen en grave riesgo el proceso electoral costarricense”. Se trata de tres proyectos para unificar las elecciones nacionales y municipales (regresión, sin duda), para acortar el plazo de verificación de resultados entre la primera y la segunda ronda electoral, y para crear nuevos supuestos que obligarían al recuento de las papeletas de mesas.
Los magistrados manifiestan su anuencia a colaborar en el diseño de “fórmulas que permitan la reducción” del plazo entre rondas, pero sin debilitar los mecanismos de control que garantizan la transparencia del escrutinio, pilar clave de las garantías electorales. Además, insisten en que, si una variación parcial, aunque sea positiva, no se articula cuidadosamente con el resto, “puede causar una dislocación” que comprometa todo el sistema.
Lo menos que debería suceder, tal como solicitan, es que los diputados los escuchen y que sus observaciones, a partir de la “experiencia demostrada” y el ejercicio de su función constitucional, sean atendidas. Esto debería incluir frenar las ocurrencias y avanzar en sus reformas planteadas hace un año. Aún hay tiempo para hacerlo antes de las próximas elecciones. Pero cada vez se reduce más.
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El autor es periodista y analista.