Luego de mi elección para presidir la Corte Suprema de Justicia, en agosto del 2018, expresé mi compromiso para discutir y proponer las reformas urgentes del Poder Judicial; además, puntualicé la necesaria evaluación sobre la elección de magistrados de la Corte, que es el asunto acerca del cual reflexiono hoy, a propósito de la fallida comparecencia del relator de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, quien presentaría un informe de su autoría en la sesión de la Corte Plena del 24 de mayo.
Entiéndase, el tema de la exposición era ese y no otro como equivocadamente se ha interpretado, no fue nunca mi voluntad «emboscar» a nadie, mucho menos a compañeros de la Corte. Ese es un calificativo inapropiado para una iniciativa como la que se cuestiona.
El viernes en la tarde fue enviada la agenda en la que se incluía la comparecencia de Diego García Sayán. Ese plazo es el que la Corte ha determinado para que los integrantes estudien los artículos de la agenda y los documentos adjuntos. Por eso, cuando se objetó la comparecencia, consideré que debía discutirse y que el pleno de la Corte decidiera. No puede existir una maniobra sorpresiva si la agenda se conoce con antelación.
El relator de la ONU no haría referencia al régimen jubilatorio judicial, la gestión que impulsé meses atrás, y así lo expuse en la sesión de la Corte, era conceder un espacio a García–Sayán, por un lapso no mayor de 40 minutos, para que su informe constituyera un aporte más para la discusión del informe entregado por el Grupo 1, que analizó los requisitos para la elección de magistrados en el marco de las reformas urgentes del Poder Judicial, aprobadas por la Corte en la sesión del 30 de octubre del 2017. En ese momento yo no era el presidente de la Corte.
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Demanda de transparencia. Me permito aclarar que esta materia y otras que forman parte del grupo de reformas no surgen en mi presidencia, fueron aprobadas por magistrados, por unanimidad, tras la crisis del 2017, por ello, mi obligación como presidente es cumplir la voluntad de los miembros de la Corte.
Como servidores públicos, nos debemos a la ciudadanía que, un día sí y otro también, nos demanda más transparencia, más efectividad, más celeridad, un mejor servicio de justicia. Por ello, me propuse impulsar este proceso de reforma que no ha sido posible agilizarlo según lo planificado, las acciones para hacer frente a la pandemia nos obligó a postergar las discusiones de las propuestas entregadas por los grupos de trabajo.
En cuanto al proceso de selección y elección de magistrados, se programará, a partir de junio, pues la voluntad mayoritaria de la Corte decidió, en la sesión del 8 de diciembre del 2020, rechazar una gestión para que el asunto no se conociera: la votación fue 12 votos por rechazar el recurso y 9 por acogerlo. La decisión final corresponderá al pleno de la Corte.
Todavía restan discusiones muy ricas sobre gobierno judicial. Cuestiones centrales que vale la pena discutir con transparencia y sin temores. Por supuesto, al ser la Corte Plena un órgano democrático, prevalecerá la voluntad mayoritaria de los magistrados. Cualquiera que sea la decisión, reflejará la voluntad del máximo órgano de dirección del Poder Judicial. Así debe ser.
Ningún integrante de la Corte señaló que en la exposición del relator no debería referirse a las jubilaciones que se mencionan en el segundo informe. El elemento principal era el procedimiento de elección de magistrados. La mención de las jubilaciones judiciales podría haberse omitido, si así me lo hubieran señalado, porque ese no era el núcleo de la exposición del relator.
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Referente. En cuanto a los otras materias, como el fortalecimiento de las finanzas públicas y la ley marco de empleo público, no existe ninguna novedad, porque una gran mayoría de los integrantes de la Corte Plena sí han reconocido, en varias ocasiones, que son leyes que inciden en la independencia judicial, es decir, que no solo hay coincidencia con lo expuesto por las asociaciones y organizaciones sindicales, sino que más bien la Corte lo ha expresado oficialmente. Un informe de un relator de las Naciones Unidas es un referente importante, que si bien es discutible, no es ligero ni tendencioso.
Me pareció que escucharlo no era una decisión que comprometiera la objetividad y el criterio de los magistrados. Solo se requería escuchar un informe del representante de un organismo internacional, cuyo prestigio y relevancia internacional es indiscutible.
En esta discusión, vale la pena recordar a Gerardo Guzmán Quirós, presidente de la Corte durante el período de la revolución de 1948, nombrado por la Junta Fundadora de la Segunda República.
Él envió una carta a los constituyentes para que tuvieran conciencia de la independencia judicial sin contenido que se vivía en Costa Rica. La carta se leyó en el plenario de la Constituyente, por petición de Fernando Baudrit: «Relativamente a este punto hay que recordar un yerro del pasado que es preciso rectificar, la Constitución de 1871 fijaba un corto período para el ejercicio de la magistratura y atribuía la elección de los magistrados, sin contralor alguno, a un cuerpo esencialmente político, como lo es el Congreso; este además tenía la facultad irrestricta de fijarles sueldo, de aumentárselos o disminuírselos, a su arbitrio.
»No se concibe una base más deleznable y a todas luces resulta inconveniente por el peligro manifiesto que entraña, y debe reconocerse que la Constitución aludida ofreció amplio campo a otros poderes para falsear el judicial, con quebranto de su prestigio, todo lo cual, indudablemente, debe ser impedido en la nueva carta fundamental.
»Todo plan para el establecimiento del Poder Judicial bien organizado debe basarse, según lo demuestra la experiencia, en la inamovilidad de los jueces, mientras desempeñen sus funciones con entera dedicación y honradez...».
Gerardo fue muy crítico ante los parlamentarios, no pensó que sus objeciones fueran contrarias al principio de división de poderes; en este aspecto, los jueces y magistrados no deben guardarse su opinión. Estas interrogantes siguen teniendo relevancia, y creo que tanto la Corte como organismos internacionales como la ONU tienen mucho que decir sobre una materia tan compleja como la independencia judicial.
Creo en la democracia costarricense, debemos escuchar todas las voces —nacionales e internacionales— que expresen objeciones, sugerencias y críticas a la independencia judicial. Los ciudadanos, las organizaciones sindicales, la sociedad civil y los representantes de organizaciones internacionales pueden aportar algo al fortalecimiento de la judicatura en democracia.
Solo escuchar es un buen ejercicio, es lo que debemos hacer muchas veces los jueces, prestar atención a la opinión ajena. Ese ejercicio no compromete la imparcialidad del juez. Fue trascendental que un grupo de compañeros de la Corte expresaran sus reparos sobre la comparecencia de un representante de la ONU. Por eso, lo sometí a votación, porque en un órgano colegiado no pueden existir manipulaciones o imposiciones, lejos estoy de esas pretensiones en el ejercicio de la presidencia de la Corte, nada de lo que se logra con violencia o engaño prevalece.
Es una regla de oro de la democracia, y máxime en el seno del Poder Judicial. Sobre este compromiso, recuerdo las palabras de Miguel de Unamuno: «Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho…».
No valen emboscadas, no valen engaños, no vale la imposición, porque todos los miembros de la Corte deben estar persuadidos, como yo lo estaba, de que el informe del relator de las Naciones Unidas sobre independencia judicial era necesario. Se requiere, así, razón y derecho.
Si no existe ese convencimiento, de poco sirve escuchar a un relator, cuyo discurso se considera inoportuno. Esa es mi convicción sobre la democracia en la Corte Plena.
El autor es presidente de la Corte Suprema de Justicia.