El fortalecimiento de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) es quizás la joya de la corona en la agenda de reformas para acceder a la OCDE. La Ley 9736 otorgó a ese órgano más independencia administrativa, técnica y financiera, y es una reacción a una de las críticas más puntuales que nos hace ese organismo: no solo el país adolece de los niveles de competencia más bajos del club, sino que desde el 2014 las autoridades han venido socavando la independencia de la Coprocom.
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Por ejemplo, en el 2015, el entonces ministro Welmer Ramos ordenó una reestructuración y le encargó a la Dirección de Competencia del MEIC asuntos que por ley le corresponden a la Coprocom, como las investigaciones de mercado. Al frente de dicha dirección se había designado a una persona sin experiencia en la materia. Esto desencadenó una serie de renuncias en la comisión, lo cual fue aprovechado por Ramos para nombrar a gente afín al gobierno. Por este motivo, la OCDE denunció que un número significativo de comisionados carecían “de conocimientos especializados en competencia antes de su nombramiento”.
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La interferencia continuó en la administración Alvarado, bajo la ministra Victoria Hernández, quien incluso solicitó a los miembros de la Coprocom reunirse con actores que tenían interés directo en un caso que estaba siendo investigado por dicho órgano. La Ley 9736 establece barreras formales para evitar este tipo de interferencias. Sin embargo, como admite la OCDE, “el éxito de esta reforma dependerá del procedimiento de nombramiento (…) y del carácter del primer grupo de comisionados, en particular de sus conocimientos técnicos especializados y su independencia”.
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Por eso resulta alarmante cómo se están seleccionando los comisionados. En abril, el gobierno abrió un concurso para el cual no especificó la ponderación de cada uno de los criterios que iba a evaluar. El comité evaluador estuvo compuesto por cuatro personas que no cumplían los requisitos del cargo que deben cualificar. La prueba determinante del proceso fue una entrevista realizada por los ministros de la Presidencia, Planificación y Comercio Exterior. El margen de discrecionalidad de esta última fase es enorme. Si por la víspera se saca el día, el oficialismo ya se las ingenió para castrar a la nueva Coprocom.
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