Un proyecto de reforma de la Ley de Opciones y Naturalizaciones pretende facultar al Registro Civil para anular la nacionalidad de un costarricense naturalizado cuando se vea involucrado en narcotráfico o lavado de divisas. La reforma navega con buen viento la corriente legislativa porque contiene un elemento populista difícil de derrotar, pero no dejará de enfrentar objeciones en la jurisdicción constitucional.
La norma crea una doble sanción para el naturalizado, quien, además de sufrir pena de cárcel, será despojado de su nacionalidad y, en consecuencia, de todo su entorno familiar y social. Es un castigo terrible, quizá por una falta menor, porque no todo lavado de divisas es de millones ni todo trasiego de estupefacientes es de toneladas.
Esa disparidad y otras muy evidentes ponen en entredicho la reforma, cuya materia es un derecho humano fundamental reconocido en todas las convenciones internacionales y, en nuestro continente, en el artículo 20 del Pacto de San José. Mejor sería disponer un proceso riguroso de comprobación de antecedentes y declaraciones juradas, además de prever la anulación del trámite cuando el naturalizado mienta u omita información cuyo conocimiento habría impedido concederle la nacionalidad.
Según la exposición de motivos, algunos extranjeros adquieren la nacionalidad para evitar la extradición. Si esa es su motivación, tienen antecedentes y no deben obtener la nacionalidad. Si ocultan el historial delictivo, tampoco deben conservar los derechos fraudulentamente adquiridos.
Debemos dejar de pensar en que el narcotráfico viene del exterior. La policía insiste, una y otra vez, en la existencia de carteles nacionales, algunos pequeños y otros capaces de hacer sus propias importaciones y exportaciones. Para combatir ese flagelo tiene más sentido la propuesta presentada en abril por la fracción oficialista para reformar el artículo 32 de la Constitución Política y permitir la extradición de nacionales involucrados en el crimen organizado. Impedir el uso de la nacionalidad, por nacimiento o naturalización, para conseguir impunidad, es mucho más útil para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.
Estados Unidos, Colombia y México lo hacen, para nombrar tres grandes naciones del hemisferio. El extraditado sale para el país requirente con todo y su nacionalidad. También con la responsabilidad penal incurrida sin que su país de origen, por naturalización o nacimiento, insista en protegerlo.
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Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.