La eficiente conectividad en las cárceles desencadena inseguridad pública. En la prisión operan por lo menos 70 bandas de crimen organizado debido al fiasco en los intentos efectuados, desde hace una década, para bloquear la señal a los reos. Ni siquiera una reforma de ley aprobada en el 2018 da resultados.
Esa modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, pese a la buena intención de los diputados, resultó un fracaso porque la potestad de obstruir llamadas y envío de datos móviles es de las operadoras, lo cual impide al Ministerio de Justicia emitir órdenes para suspender comunicaciones en centros penales. Sin duda, es urgente otra reforma para corregir la falla.
Pero aparte de lo legal, el desafío del gobierno está en evitar que los reos consigan teléfonos, cargadores o chips con los cuales ordenan transacciones de droga, asesinatos o cometen fraudes, sobre todo, contra clientes bancarios a los que despojan de su dinero al contar con información personal obtenida de los mismos bancos.
Si los celulares son llevados a las prisiones es porque funcionarios corruptos (obviamente no se puede generalizar) hacen la vista gorda. Solo esto explica por qué en solo seis meses del año pasado la policía se incautó de 1.300 celulares y 5.000 cargadores. Todo apunta a que las requisas en las puertas de acceso al personal y visitantes son inadecuadas. Ahí está el mayor problema.
También en los módulos de reclusión. Esto explica por qué en el 2019 el Ministerio de Justicia tardó cuatro meses en descubrir el call center que un grupo de reos instalaron en La Reforma para estafar a clientes bancarios. De no haber sido porque un delincuente grabó un video que se filtró a las redes sociales, el centro de llamadas aún operaría. Era evidente la corrupción porque todos allí estaban pegados al celular como si nada.
Tanta tolerancia en las prisiones vulnera la seguridad pública. Es responsabilidad de los diputados reformar la ley para dar al Ministerio de Justicia armas legales a fin de controlar la corrupción y bloquear celulares, y dar recursos para adquirir, como mínimo, dos escáneres para requisas. Son caros, pero cuestan más los fraudes bancarios, que suman hasta ¢5.000 millones al año.
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El autor es jefe de Redacción deLa Nación.