Toda intervención del Estado en la economía debe ser bien analizada y revisada periódicamente a fin de determinar si está cumpliendo los fines públicos que la originaron. Los mercados no se comportan igual durante décadas.
La intervención estatal se llevó a cabo en el pasado para construir mejores puertos, para la inclusión social y para promover la salud, la educación, la distribución equitativa de la energía, el desarrollo del mercado financiero y de seguros, la conectividad, la fabricación de licores, la protección de ciertas actividades agrícolas y decenas de otras actividades.
Tales regulaciones directas o indirectas distorsionaron la libre competencia, con el agravante de que no existe una medición acerca de su eficiencia y necesidad de permanencia.
El objetivo principal de abrir la competencia es la concurrencia de múltiples empresas que producen bienes y servicios en un entorno donde priman las reglas claras, donde los consumidores puedan escogen libremente cuáles son los productos y servicios de mejor calidad o precio de acuerdo con su conveniencia. Un mercado con muchos oferentes estimula la rivalidad y esta, a la vez, incrementa la eficiencia y la protección de los consumidores.
El Estado tiene la tarea de vigilar inteligentemente las asimetrías en el mercado, debido a mala información o prácticas de comercio desleales, acuerdos de precios o manejo de territorios, o prácticas monopolísticas. En consecuencia, le toca intervenir técnica, transparente y oportunamente.
Toda injerencia del Estado debe ser muy cautelosa para evitar distorsiones que afecten el bien común o creen obstáculos a la competencia. Hay que fomentar las conductas de buenas destrezas, esto traerá más inversionistas y, con ellos, más oferta. Disminuir la competencia deriva en el encarecimiento del costo de vida y deprime la competitividad.
Nuestra realidad. Con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia (Coprocom) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), se pretende la autonomía operativa en el ordenamiento del mercado, con resolución presupuestaria, administrativa y técnica, para eliminar la influencia política y no técnica.
Solo si estas instituciones son dotadas de suficiente independencia, cambiarán muchas de las malas prácticas del pasado. Para ello, los nombramientos deben ser transparentes y garantizarles autonomía.
Los nombramientos deben darse por períodos prolongados para adquirir la experiencia y capacidad que exige este complejo trabajo. Hay muchos sectores que por su poder económico y político quedaron exceptuados de la ley, pero lo ideal es que todas las actividades, públicas o privadas, estén en competencia y sean vigiladas.
Con la aprobación del TLC y varias leyes complementarias, se logró la competencia en telecomunicaciones y seguros; no obstante, se mantienen muchas empresas en propiedad del Estado que desempeñan un papel dominante en electricidad, banca, seguros y productos petroleros.
En empresas estatales que, en su mayoría, tienen serios problemas de medición de productividad y actúan con independencia, puertas adentro no hay concurso de antecedentes ni experiencia ni profesionalismo para efectuar el nombramiento de su gobierno corporativo.
En el 2017, se creó la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas, pero los resultados son muy pobres. Por condiciones de privilegio en el mercado parece que no existe medición de competitividad y el verdadero espíritu de mejora continua.
En telecomunicaciones, el ICE ha venido perdiendo peso por una estructura muy costosa y porque no estaba acostumbrado a la competencia. No es posible que pocos meses después de la apertura del mercado 500.000 clientes cambiaran de proveedor. Sobre los estados financieros, no se conoce nada, debido a que tiene limitado erróneamente el acceso a los datos, como si fuera un secreto de Estado, por lo que resulta difícil evaluar su desempeño.
En el mercado financiero, los bancos estatales manejan los recursos del sector público, pero mantienen cargas parafiscales, diferencias regulatorias, cultura y asimetrías que hacen que los márgenes de utilidad sean bajos, lo cual perjudica a los costarricenses, pues no existe una competencia que reduzca el costo.
La banca privada ajusta para arriba sus márgenes de ganancia. Nuestro sistema bancario cuenta con una supervisión sólida y se vigila de conformidad con estándares internacionales.
En el sector sanitario, debe promoverse el derecho a la libre competencia para disminuir los elevados precios de los medicamentos, basados en reglamentos y leyes que ponen cortapisas a la participación de más oferentes, aunque cuenten con la aprobación de instituciones internacionales que reconocen su excelente calidad. El mercado se encuentra atrapado por decenas de representaciones de marcas y atajos.
El fortaleciendo del código de buenas prácticas comerciales entre supermercados y proveedores, para homologar criterios en una competencia justa y amplia, es fundamental. La Ley 9736 provee las herramientas precisas para prevenir concentraciones de diferentes empresas. Un nuevo régimen de notificaciones, con efectos suspensivos y estándares de evaluación, es clave.
Exclusiones. Es preocupante que en la legislación sobre competencia no se incorporara a la Liga de la Caña, al Instituto del Café, a las navieras, a los colegios profesionales y a la Corporación Arrocera Nacional. Fueron eximidos con respecto a la fijación de precios, porcentajes de ganancias, cuotas, honorarios y otros actos.
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Tampoco se le dio facultad a la Coprocom para vigilar las actuaciones de grupos empresariales fuera del territorio nacional. Tras nuestra incorporación a la OCDE, estamos obligados a legislar la declaración de ilegalidad en relación con los carteles de núcleo duro, independientemente de la existencia de pruebas sobre los efectos en el mercado, regulación diseñada para disuadir la formación de grupos nocivos en un mercado en competencia, especialmente cuando se trata de licitaciones del Estado.
Queda pendiente regular las compras del Estado entre las diferentes instituciones públicas, pues, al final, significa una carrera desleal contra las empresas privadas, lo que resta competitividad. Todas las compras del Estado deben estar en el Sicop, en pro de la transparencia.
Estratégico. La Coprocom y la Sutel desempeñan un papel clave cuando el objetivo es la competencia. Las concentraciones, después de ciertos umbrales, deben someterse a regulaciones, porque, de lo contrario, anulan la rivalidad empresarial.
En esta mejora de la competencia, hay que fortalecer la Dirección de Defensa Comercial del Ministerio de Economía Industria y Comercio ( MEIC) para solucionar rápidamente los casos planteados, aplicar medidas contra el dumping, subvenciones y derechos compensatorios, limitar temporalmente las importaciones destinadas a «salvaguardar» las ramas productivas nacionales y cumplir las regulaciones establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los tratados de libre comercio.
Hay que fortalecer la competencia, solo así tendremos un mercado más trasparente, justo y competitivo. Debemos buscar siempre evitar las concentraciones para favorecer a todos los costarricenses y no a grupos de interés.
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El autor es ingeniero.