Dan pena las excusas del gobierno para maquillar lo ocurrido la noche del domingo cuando permitió a los arroceros servirse de más privilegios con cuchara grande.
En el país, casi todos comemos arroz, pero no cuentos. Suena a Caperucita Roja el temor del gobierno a que protestas de arroceros llegaran a causar aglomeraciones que propagarían más la covid-19. ¿Ah, sí?
También parece salida de Cuentos de mi tía Panchita la versión de que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, produjo tal “confusión” por lo dicho en un foro que lo mejor era echar atrás.
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¿Por qué la Casa Presidencial y los ministros no cuentan bien el cuento? Lo cierto es que los arroceros derrotaron el intento del Poder Ejecutivo de liberalizar el precio del arroz. Lograron que el precio siga fijado por decreto ejecutivo.
Dichosos. Ese es un privilegio. Es un subsidio. Es proteccionismo estatal. Es conservar un cuasi monopolio. Es otro impuesto a los consumidores.
No hacen falta más estudios porque la fijación del precio por decreto está más que estudiada. Las conclusiones son que los arroceros ganan, el consumidor pierde. Lo dicen el BID, la UCR, la Unctad y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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En el 2018, el secretario de la OCDE, Miguel Ángel Gurría, preguntó: “¿El público no se da cuenta que está comprando el arroz más caro?”. Los que más pierden son los que tienen que dedicar una mayor parte de su ingreso a comprar arroz. “¿Quiénes? Los más pobres”, dijo.
Ahora, la OCDE comparó precios. Los costarricenses pagamos el arroz más caro que los españoles, franceses, mexicanos y chilenos por falta de competencia. Lo dice bien claro: “El mercado del arroz está altamente concentrado en 19 grandes agricultores que representan más de la mitad del arroz producido en Costa Rica”.
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¿Cuánto ganan? El economista Bernal Jiménez hizo un análisis en el 2014. Concluyó que el consumo anual llegaba a $358 millones, pero si se importaba costaría $168 millones. Esa diferencia, $190 millones, es un impuesto al consumidor y un subsidio al sector. El dinero no lo recoge el Estado, “sino los agroindustriales”, afirmó Jiménez. Colorín, colorado, este cuento se ha aclarado.
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