El 17 de octubre, la Unión Europea comunicó, oficialmente, la exclusión de Costa Rica de la lista negra de países no cooperantes en materia tributaria. Es una gran noticia, cuyas dimensiones no son del todo apreciables por el público, porque las consecuencias negativas resultantes de haber quedado dentro de ella no se dieron.
Costa Rica depende cada vez más de su comercio exterior y de la inversión extranjera directa. Si hubiera sido declarada economía no cooperante, las implicaciones económicas habrían alcanzado muchos millones de dólares.
De hecho, varias veces más de lo supuestamente previsto sería la pérdida de recaudación tributaria, de dudosa procedencia, de la renta territorial “ampliada”, una sui generis interpretación de la ley por parte del Ministerio de Hacienda, aparentemente bendecida por un tribunal que pudo haber malinterpretado el espíritu de la legislación original.
Por eso, los diputados, ejerciendo su soberanía plena e independiente, decidieron ratificar el principio para evitar interpretaciones incorrectas.
Costa Rica siempre ha sido un país de renta territorial, es decir, se tributa sobre las rentas generadas por los residentes dentro del territorio nacional. Fue una elección hecha hace muchísimos años y otorga ventajas comparativas para la atracción de inversión extranjera. Además, otorga libertad a los locales de disponer de sus utilidades, las cuales ya han pagado impuestos al país cuando se generan.
Costa Rica no es el único que emplea este sistema, también nuestros vecinos Nicaragua y Panamá, así como Uruguay y Paraguay, en Suramérica, y, fuera del continente, Singapur y la región administrativa especial de Hong Kong.
Dependencia de la recaudación
Cuando el presidente de la República decidió vetar el proyecto aprobado por los diputados para sacar a Costa Rica de tan ominosa lista, aduciendo razones recaudatorias, no parecía ser ni el momento adecuado, dada la urgencia de cumplir los términos requeridos, ni contar con fundamento filosófico tributario adecuado.
En realidad, sigue pendiente la reestructuración del Estado para lograr eficiencia en la administración, especialmente, mejorando la calidad del gasto. Todavía no se ha visto ningún plan para la reducción paulatina de tareas improductivas en el sector público con miras a reducir su tamaño y ajustarlo a las necesidades. No se justifica seguir pretendiendo depender, exclusivamente, de una creciente recaudación.
Un cambio de los esquemas tributarios de esta naturaleza tendría amplísimas repercusiones como para malbaratarlo en simples interpretaciones antojadizas. En todo caso, si se quiere replantear la territorialidad debe ser bajo una amplia discusión nacional.
Los diputados hicieron lo correcto al ratificar, valientemente y por mayoría calificada, el concepto de renta territorial en vez de mundial, y por ello merecen una felicitación, pues evitaron al país consecuencias muy negativas.
De ninguna manera proceden los calificativos expresados por las autoridades del Poder Ejecutivo para desmerecer su acción. La Asamblea Legislativa es soberana para emitir leyes de acuerdo con los procedimientos y mandatos constitucionales.
El presidente de la República está en todo su derecho de vetarlos, con la debida motivación del acto y sustentado en argumentos sólidos, si el proyecto aprobado contiene elementos considerados perjudiciales para el país o los ciudadanos.
Asimismo, el Poder Legislativo, cuando así lo considere pertinente, está en su pleno derecho de resellar la vigencia del proyecto, aun en contra de las consideraciones del Poder Ejecutivo. Así funciona la democracia representativa. Nadie traiciona a nadie por tomar una decisión en un sentido o en otro. Es políticamente incorrecto pretender negar el ejercicio de sus potestades a los diputados.
Europa, segundo mercado para Costa Rica
¿Cuáles habrían sido las consecuencias si no se hubiera sacado a Costa Rica de la lista? La Unión Europea es el segundo mercado más importante para el país. En el 2022, se exportó un valor de más de $3.200 millones, equivalentes al 21 % de las ventas totales de bienes en el extranjero, cifra en aumento año a año.
Las zonas francas han sido el motor de la economía en los momentos más aciagos, incluso durante la pandemia. El sector exporta a ese mercado más del 18 % de su producción. En cuanto a la industria de servicios, un significativo 12 % de esta actividad se concentra en las zonas francas y, particularmente, el 20 % del turismo proviene de Europa.
La inversión extranjera directa (IED) de empresas en zonas francas crece aceleradamente, y de un 6 % de la IED total hace tan solo cinco años, hoy representa más del 12 %, y sigue en aumento.
Si Costa Rica hubiera sido declarada no cooperante, muy probablemente los países del grupo habrían tomado represalias económicas de diversa índole contra el país: desde la imposición de sobretasas a los productos costarricenses, lo cual nos dejaba en franca desventaja competitiva con países de similar estructura productiva, especialmente asiáticos y africanos, hasta prohibiciones específicas a la importación.
Habría sido catastrófico y un desincentivo enorme para las empresas europeas de establecerse en territorio nacional, al no tener plena libertad para exportar a sus propios países de origen. Y no serían descartables sanciones directas para aquellas dispuestas a invertir aquí, especialmente en materia tributaria.
Además, pudo haber traído, en cadena, un enorme desincentivo para empresas de otras latitudes con intenciones de establecerse en Costa Rica, debido a las restricciones de mercado, así como por razones de reputación comercial y empresarial. A ninguna empresa le gustaría ser calificada de residente en un paraíso fiscal.
Lo más grave pudo ser la negativa imagen del país ante el mundo, con repercusiones de diversa naturaleza, no solo de los países del bloque económico europeo, sino también de otras latitudes. Pudo haber trascendido mucho más allá del ámbito comercial y la inversión a otras áreas de las relaciones internacionales, del ambiente cultural y la cooperación externa. El riesgo para el país habría aumentado, dificultando el acceso al financiamiento internacional.
La institucionalidad de Costa Rica demuestra ser suficientemente madura y mantener un conveniente equilibrio de poderes. En este caso, la Asamblea Legislativa, por mayoría de dos terceras partes de los diputados, dichosamente enmendó un grave error del presidente de la República y su gobierno.
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El autor es economista.