La Sala Constitucional declaró con lugar el 6 de octubre un recurso de habeas corpus presentado por el ex candidato presidencial Jhon Vega contra la Municipalidad de Escazú, por su detención arbitraria el 25 de setiembre durante las fiestas patronales.
Los magistrados analizaron el video y encontraron improcedente la actuación de los oficiales del ayuntamiento, incluida la exposición pública de Vega ante su familia y otros.
Vega fue detenido por salir en defensa de un habitante de la calle, que minutos antes había estado peleando con otro en el quiosco y fue lanzado al piso y golpeado.
Aunque el segundo estaba sentado en una banca, fue también pateado por detrás, tirado al suelo y golpeado cuando lo esposaban.
Vega será resarcido y podrá presentar denuncias ante el Ministerio Público, pues si bien el día de los hechos los oficiales se negaron a identificarse, en la resolución 2023025496, de consulta pública, aparecen detallados los nombres y apellidos.
Sin embargo, los dos habitantes de la calle permanecen hasta hoy injustamente invisibilizados por su incapacidad para defenderse como les permite la ley.
Alice Jill Edwards, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en referencia a dos muertes, resultado de violencia policial en Estados Unidos el 3 y 7 de enero, afirma que la policía y las fuerzas del orden tienen responsabilidades especiales al proteger a sus ciudadanos y defender sus derechos, y que cuando esta función básica es superada por la violencia ilegal e incontrolada la gente común teme a su propia policía.
Los habitantes de la calle en Escazú o cualquier cantón del país se abstienen de denunciar precisamente porque tienen miedo de sufrir represalias de la policía.
No son los únicos. Miembros de la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Fenaes) marcharon el 9 de setiembre en protesta por aparente brutalidad policial contra una muchacha a la cual, presuntamente, 15 oficiales de la Fuerza Pública golpearon, le arrancaron cabello e incluso la tocaron en varias partes del cuerpo a finales de agosto, frente a un bar en Alajuela.
Durante la manifestación, aparte de las detenciones, una persona debió ser atendida en un centro médico por un golpe propinado con una macana.
La vocera de la Fenaes dio declaraciones sin revelar su nombre para protegerse de eventuales represalias, igualmente que los habitantes de la calle.
La Defensoría de los Habitantes debiera interceder para mostrar al resto de las autoridades que tales excesos atribuidos a las fuerzas del orden producen una indisposición incongruente con la tradición civilista que les suponemos.
El quiosco donde los habitantes de la calle sufrieron maltrato está ubicado enfrente del Palacio Municipal de Escazú, donde en una placa en la entrada se lee: “Basta que la verdad aparezca una sola vez en un solo espíritu para que nada pueda impedir que todo lo invada y lo abrace”.
La Sala Constitucional ya estableció la primera verdad, pero ahora es responsabilidad de las organizaciones de derechos humanos y las autoridades actuar de oficio para asegurarse de que todas las verdades salgan a la luz. La rendición de cuentas en los casos de brutalidad policial es un paso crucial para impedir que las violaciones de derechos queden impunes.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.