Las casas construidas con bono en Puntarenas y Alajuela son de menor calidad que en otras provincias.
Este fue uno de los hallazgos más relevantes de la auditoría realizada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyos resultados fueron dados a conocer la mañana de este lunes, en la sede de esa organización, en Curridabat.
Los datos fueron divulgados por Abel Castro y Olman Vargas, presidente y director ejecutivo del CFIA, en presencia del ministro de Vivienda, Rosendo Pujol.
El informe incluyó una muestra de 267 viviendas levantadas con bonos individuales de ¢6,5 millones cada uno. Las ayudas se otorgaron entre 2012 y 2013, y las inspecciones se dieron entre 2015 y 2016. El bono individual se otorga a familias específicas, y está separado de grandes proyectos de bien social.
Según el informe, las mejores casas levantadas con el subsidio otorgado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) están en Cartago (con un cumplimiento de 77%), San José (con 73%), Guanacaste (con 68%) y Limón (con 66%).
"En la mayor parte de las provincias el cumplimiento general de las condiciones de calidad anda en alrededor de un 75% y 80%, que consideramos adecuado. Hay una preocupación particular en dos provincias: Puntarenas con un 39% de cumplimiento, y en Alajuela, un 55% por ciento", manifestó Olman Vargas.
Por esa razón, añadió, considera urgente realizar un esfuerzo para mejorar los conocimientos y el desempeño de maestros de obras y electricistas que trabajan en esas zonas.
Las deficiencias detectadas están en sistemas eléctricos, sistemas de aguas negras y servidas; ausencias de trampas de grasa y tanques sépticos mal construidos. En cambio, a nivel estructural los resultados son bastantes buenos pues el 93% cumplen las normas del Código Sísmico.
"El Estado puede capacitar por medio de organizaciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, también a través de ingenieros que trabajan en esas zonas; igualmente coordinar con las empresas que trabajan en esas áreas para ver si hacemos un programa de capacitación", dijo Vargas.
Más rigurosidad
Para las autoridades del Colegio, también convendría que el Banhvi revise los criterios para otorgar estas ayudas, pues uno de los aspectos que más llamó la atención es que en un 23% de los casos, los beneficiarios realizaron añadidos a las viviendas conr ecursos propios. En algunos casos, incluso, se hicieron locales comerciales.
Tales arreglos derivaron en que casas de 42 m² o 52m² (tamaño promedio de las viviendas que se construyen con fondos del Estado) terminaran con áreas de entre 70 m² y 100 m².
Ante estas situaciones, el CFIA concluye que se les otorgó la ayuda a personas que no tenían tanta necesidad.
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"Son vivazos, es gente que se aprovecha de lo que el país le da a la gente pobre y lo usa, para hacer su casa", dijo Pujol.
Para el ministro, tales situaciones son difíciles de prever, porque en muchos casos hay personas que solicitan bonos y "esconden" ingresos, para maquillar su situación económica ante las autoridades.
De acuerdo con el ministro, parte de las medidas que se deben tomar es bajar el máximo de ingresos que debe tener una familia para optar por un bono de vivienda. En la actualidad, tal posibilidad la tienen los hogares con ingresos de hasta ¢1,5 millones mensuales.
Pujol adelantó que el Gobierno realizará una encuesta en los próximos meses, con el objetivos de evaluar el sistema de vivienda y de ahondar en algunos de los aspectos que toca el estudio del CFIA.
Los cuestionamientos sobre la calidad de las viviendas de interés social también han sido expuestos en el pasado por la Contraloría General de la República.
En el 2014 señaló que El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) adquirió 4.069 casas de interés social, durante la última década, sin realizar la inspección previa de las viviendas en el proceso de construcción.
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Dos años después, también el ente contralor también criticó que sean las empresas desarrolladoras las que ofrezcan proyectos habitacionales en sitios donde no hay suficientes beneficiarios.
"Actualmente no se considera la estimulación de los proyectos de vivienda social en los cantones y distritos más pobres del país", encontró la CGR, pese a que la administración Solís Rivera implementó la estrategia Puente al Desarrollo, hace año y medio, para mejorar las condiciones de vida en 75 distritos prioritarios.
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Tal situación genera, además, "la práctica de que las iniciativas sobre las zonas donde se ejecutarán los proyectos de vivienda, sean propuestas ante las entidades autorizadas por las empresas constructoras", de acuerdo con el informe de aquella época.
Nueva herramienta para optar por bonos
Este lunes también se presentó la aplicación para celulares Mi bono en línea, desarrollada por el Gobierno, para que las familias evacúen dudas sobre el proceso de solicitud de bonos de vivienda, y verifiquen si cumplen o no con los requerimientos para optar por la ayuda.
La plataforma estará disponible a partir de marzo y funcionará sin conexión a Internet, según informó el Ejecutivo en un comunicado de prensa. Para usar el app, los usuarios deberán llenar un formulario con datos sobre los ingresos, la cantidad de miembros y las propiedades que posee el hogar.
La herramienta también permitiría ubicar la entidad autorizada más cercana a la que pueden acudir los usuarios para solicitar un bono, dar seguimiento a los casos en trámite, y denunciar irregularidades en las gestiones de solicitud de ayudas para construir casas.
"La consolidación de este canal de comunicación dinámico y accesible, pretende eliminar la participación de los intermediarios que normalmente fungen ante las familias como facilitadores de información del bono de vivienda", informó el Gobierno.