¿Por qué cientos de mineros del cantón de Abangares bloquearon por 36 horas la vía Interamericana Norte? La pregunta no tiene una única respuesta, pero para explicar el hecho hay que remontarse al 20 de agosto.

Aquel jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo, en 33 allanamientos, a 27 sospechosos de integrar una banda criminal dedicada a extraer ilegalmente oro de Crucitas en Cutris de San Carlos, Alajuela, y otros puntos del país, para luego sacarlo hacia Estados Unidos y Nicaragua.

Entre los detenidos estaban las dos personas que les compraban el oro a los mineros de Abangares, según explicó Cecilio Argüello, uno de los líderes de los 1.500 oreros artesanales del cantón guanacasteco.

"El problema que se dio fue que, cuando llega el OIJ y hace la intervención, nos deja sin compradores y nadie podía vender su oro (...) Allanaron a dos compradores, nos quedamos sin compradores. Entonces, el pueblo tenía oro, pero no tenía dinero, no podíamos comprar comida, ese fue el problema más serio.

“Se paró toda actividad comercial; se paró el trabajo; se paró todo. Por eso fue que a esta lucha se sumó todo el pueblo de Abangares”, manifestó Argüello, orero de 45 años.

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Un minero gana, de acuerdo con el dirigente, entre ¢60.000 y ¢100.000 por semana para mantener a su familia; casi toda actividad económica en Abangares está conectada de manera directa o indirecta con la minería artesanal.

“Mucha gente cree que el minero, por ser minero tiene plata, y eso no es así, lo que uno saca es el jornal, todo depende del material que se saque para moler”.

Cortar la cadena de comercialización de oro allí es sinónimo de hambre y penurias, por eso no fue difícil organizar un movimiento que bloqueara la carretera principal hacia Guanacaste y las rutas alternas.

El caos generado por la manifestación obligó al gobierno a ir hasta Abangares y sentarse a negociar con los mineros.

Para remediar el problema, el Ejecutivo se comprometió a autorizar a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo (Uncada) para que compre y exporte el oro extraído por los mineros abangareños.

En esa línea, este martes 22 de setiembre, la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Guanacaste finalizó el trámite de mociones del proyecto de ley que se tramita en el expediente 21.299, denominado Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la Minería Artesanal en Abangares.

Esa iniciativa incluye un transitorio que avala a la Uncada a exportar oro por un plazo de 18 meses, ahora la propuesta será sometida a discusión y votación en el plenario.

José Miguel Porras, presidente de la Uncada, integrada por 15 asociaciones de desarrollo, dijo que aceptaron comprar oro para ayudar a la comunidad, pero no escondió el temor que sienten por la incertidumbre de entrar en un negocio que desconocen.

“Nosotros no escogimos hacer esto (comercializar oro), pero por hacer un bien social dijimos presente, pero ha sido un enredo para nosotros porque es algo que no conocemos, vivimos en un cantón minero, pero la Unión Cantonal nunca ha tenido negocios con oro”, expresó Porras.

La Uncada recibe ingresos por parte de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y mantiene negocios como restaurantes y alquileres de locales comerciales.

Además, años atrás la organización vendió varias acciones que poseía de la empresa Cementos del Pacífico.

"Se ha ido recogiendo, a través de los años, una cantidad importante de dinero, tenemos un patrimonio y lo hemos ido cuidando (...) Como nosotros tenemos ese capital, el Poder Ejecutivo nos dijo que nos daba un permiso para comprar el oro de Abangares y que nos va a dar acompañamiento para poder exportarlo.

“Hasta el momento el acompañamiento ha sido perfecto, ya nos inscribimos como exportadores, el sábado pasado (19 de setiembre) ya abrimos y ya tenemos un poco de oro que le compramos a los mineros de la zona", declaró Porras, quien prefirió no revelar la cantidad adquirida, ni el monto desembolsado por asuntos de seguridad.

Añadió que la Junta Directiva decidió destinar ¢200 millones para esta actividad.

En la actualidad, la agrupación trabaja en la formalización de un convenio con el Banco Nacional para la custodia del material precioso.

“Ustedes no se imaginan lo que significó para la economía local esa compra de oro del fin de semana anterior, todos se vieron beneficiados: las ventas de pollo frito, los supermercados, las sodas y todo el mundo supercontento porque se reactivó la economía”, detalló el representante de la Uncada.

El objetivo de la Unión Cantonal es distribuir las ganancias entre las 15 asociaciones de desarrollo de Abangares.

Más efectos de Crucitas

Quedarse sin compradores no fue la única consecuencia de los allanamientos y detenciones relacionadas al caso Crucitas sobre los mineros de Abangares.

"A nosotros nos han venido enredando con Crucitas y nosotros no tenemos nada que ver con Crucitas. El comprador de oro compra oro de donde venga, porque no hay regulación en estos momentos.

“Diay... todo el mundo sabe que Crucitas se dio una extracción grande y la gente trataba de meterlo por todo lado”, comentó.

Precisamente, ese fue uno de los compromisos plasmados en la negociación entre el gobierno y los mineros: el mineral debe sacarse de Abangares y bajo las técnicas artesanales previstas en la legislación costarricense.

Con respecto a ese punto, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tiene una gran tarea pendiente.

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De acuerdo con los registros de la Dirección de Geología y Minas, en el país hay ocho concesiones mineras autorizadas, tres de ellas están ubicadas en Abangares. Sin embargo, las personas que se dedican a minería no se limitan a las áreas concesionadas, sino que acuden a túneles y puntos de extracción no autorizados.

Esa situación ocurre, según Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, porque existe un divorcio entre la normativa y la realidad que viven las familias que trabajan separando ese material.

“Los requisitos que se piden para formalizar la concesión de minería de pequeña escala artesanal, honestamente, son requisitos que están diseñados para minería de gran escala (...) No tengo claro cuál fue la lógica que se siguió (al establecer los requisitos), pero por eso nos comprometimos a trabajar para ajustar los reglamentos a la realidad”, señaló la jerarca del Minae.

El Reglamento de la actividad de la minería artesanal y en pequeña escala para subsistencia familiar por parte de Cooperativas Mineras, 37225-Minaet establece que en el país pueden otorgarse concesiones para la minería artesanal y en pequeña escala para subsistencia familiar.

Esos permisos pueden ser gestionados por cooperativas, pero las condiciones para conseguirlas son, en muchos casos, inalcanzables para los interesados.

Para empezar, la ley exige un estudio de impacto ambiental que debe ser aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). También debe precisar el área a explotar, certificar que el sitio no es un área protegida, un programa de labores realizado por un profesional en geología, enlistar los equipos a utilizar, el tipo de explosivos y el espacio en el que apilara el material, entre otros.

“Estamos trabajando todas esas cosas para tratar de darle una solución más estructurada a este problema, como que nadie le entraba al tema, buena parte de la complejidad viene de ahí. Quizá esta crisis nos dé el espacio para arreglar esto de una vez por todas", agregó la ministra.

La clandestinidad en la que operan los mineros es tal que ellos mismos reconocen que adquieren sus herramientas de trabajo en el mercado negro.

“Para nadie es un secreto, nosotros compramos el mercurio (necesario para el proceso de separación del mineral) en el mercado negro, esa es la verdad, por eso es que necesitamos legalizar la actividad”, aceptó Argüello.

Freddy Pacheco León, ambientalista costarricense, criticó que por años el Minae ha mostrado desinterés por ordenar la actividad minera, lo cual ha propiciado que personas saquen del país los recursos minerales sin pagar ningún tipo de impuesto.