Un video grabado por vecinos de Cutris, en San Carlos, Alajuela, revela una reciente incursión de coligalleros en la finca Crucitas. Las imágenes muestran a decenas de hombres y mujeres extrayendo material con el objetivo de hallar oro.
La actividad minera ilícita en Crucitas ha sido un problema constante en los últimos gobiernos, generando daños ambientales y provocando inseguridad en la región.
Además, en el presente año se conocieron graves impactos sobre la salud pública, al detectarse contaminación química (mercurio y cianuro) en las fuentes de agua locales. El asunto es tan serio que decenas de familias se vieron en la obligación de mudarse a otras comunidades.
Juan Diego González Picado, presidente del Consejo Municipal de San Carlos, confirmó que hace semanas no hay presencia policial en la finca Vivoyet en Crucitas. “Desde que se fueron, el ingreso de gente para extracción ilegal de oro ha crecido de manera fuerte”, indicó este domingo.
González Picado aclaró que, cuando había vigilancia policial, había actividad, pero el flujo de personas que ingresaba a sacar oro venía desde la frontera con Nicaragua, conlindante con la finca.
Ahora, en cambio, dice que se observan personas entrando desde Costa Rica por el sector de Coopevega; una de las comunidades más cercanas a la propiedad donde hay yacimientos.
“Nos preocupa no contar con vigilancia, cuando hablo con responsables regionales de Fuerza Pública me dicen que no es una decisión tomada ahí en la zona. No se siente de parte del Gobierno una respuesta clara de las razones. Entiendo que el otro sábado viene el ministro de Seguridad Mario Zamora a la zona y espero que nos brinde respuestas”, concluyó.
Un vecino de Coopevega, quien evitó identificarse por razones de seguridad personal, también confirmó este domingo la salida de la Fuerza Pública del interior de la finca donde antes hacían sus labores de vigilancia.
“Ahora solo quedaron dos patrullas destacadas en entonces los coliggalleros empezaron a ingresar. Hay presencia policial pero muy escasa y en los caminos, si acaso dos patrullas en Coopevega a 25 kilómetros de la finca. Así no es posible obstruir la actividad”, indicó.
Para el vecino, la situación es un retroceso al mencionar que los coligalleros ingresan sin problema a generar problemas de contaminación en suelo costarricense pero se llevan el oro a Nicaragua donde lo venden.
“Entonces nos quedamos con la problemática ambiental pero el oro sale del país. El único puesto de Fuerza Pública en la zona está aquí lejos de la finca. Yo hoy fuí al Río San Juan y ashí ven las lanchas cargadas de gente rumbo a Crucitas”, agregó.
La Nación llamó este domingo a Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, para consultarle del tema.
Según el jerarca, el ministerio está buscando confirmar que el video circulando sea de este mismo domingo, pero aseguró que las operaciones de vigilancia en Crucitas siguen.
“En este momento hay unidades en el sector pero claro, son 910 hectáreas”, indicó al ser consultado.
En julio de 2022, Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, visitó Crucitas y prometió tomar medidas para resolver el conflicto. Sin embargo, en febrero anterior, la Sala Constitucional le recordó al Poder Ejecutivo su obligación de cumplir con una sentencia dictada desde 2021, en la que los magistrados dieron 18 meses a las autoridades estatales para elaborar un plan para valorar la dimensión de los daños, contener la contaminación de fuentes de agua, flora y fauna y resolver los problemas de inseguridad.
La Sala Constitucional advirtió al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad Pública su obligación de cumplir con esa sentencia. La resolución fue emitida ante una gestión de desobediencia presentada por el ambientalista, Henry Picado Cerdas y el representante de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Álvaro Sagot Rodríguez.
Aunque el pronunciamiento menciona algunos esfuerzos de las instituciones como monitoreo y muestreo de aguas, decomiso de metales y otros materiales utilizados por los mineros, creación de protocolos, capacitaciones para ciudadanos y funcionarios, enfatiza que “no se ha logrado acreditar la existencia de un plan específico” para la valoración y contención de los daños ambientales producto de la minería ilegal.