El país carece de normas que regulen el transporte de sustancias químicas en el mar.
La ausencia de controles quedó demostrada el sábado, luego del naufragio de una barcaza que transportaba 180 toneladas de nitrato de amonio frente a la costa de Puntarenas.
Este incidente obligó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a declarar alerta roja en la madrugada del domingo. La declaratoria se bajó a amarilla el mismo día y se mantendrá así hasta mañana miércoles.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reconoció ayer, en conferencia de prensa, que no existen reglamentos para este tipo de transporte marítimo.
Ni siquiera existe un borrador de reglamento o una propuesta en firme para ser sometida a consulta y aprobación.
Además, la nave que naufragó, propiedad de la empresa de fertilizantes Fertica, tenía el certificado de navegación vencido desde julio del 2014.
Esa compañía tiene otras seis naves sin certificados y que hasta este fin de semana operaban de manera irregular.
“Eso pasa como en el caso de los automóviles, muchos andan sin Riteve (Revisión Técnica Vehicular); se la juegan.
”Exactamente aquí se la están jugando, ya es responsabilidad del armador (Fertica)”, dijo Luis Fernando Coronado, director de la División Marítima Portuaria, ente adscrito al MOPT.
El funcionario explicó que solo tienen 25 inspectores para revisar más de 6.000 naves.
El decreto ejecutivo 28.742-MOPT, del año 2000, permite navegar sin autorización previa a todas las embarcaciones cuyos viajes no sean mayores a tres millas náuticas.
Según Coronado, esta facilidad era aprovechada por Fertica para operar las barcazas sin certificado de navegación.
“Inclusive, si se hubiera identificado que no poseían (permisos), no tenemos la posibilidad de sancionarlos; lo único que podemos es llegar a decirles que se devuelvan al puerto”, explicó Sebastián Urbina, viceministro de Transportes.
El jerarca insistió en que es necesaria la aprobación de la ley de navegación, la cual se discute desde hace tres años en la Asamblea Legislativa.
Bajo la nueva normativa, el dueño de una embarcación que cause contaminación en el mar se expone hasta a tres años de prisión y una multa que oscila entre 30 y 90 salarios base.
La Nación trató de conocer la posición de Fertica sobre el naufragio. Sin embargo, Carlos Saldaña, gerente de la compañía, no atendió las llamadas.
Glaisy Jerez, funcionaria de Fertica en Puntarenas, aseguró que Saldaña no se encontraba y que no sabía si volvería ayer.
Este diario también llamó a las oficinas en San José, pero no obtuvimos respuesta.
Denuncia. El MOPT anunció ayer que elevará este caso ante el Ministerio Público.
La División Marítima Portuaria afirmó que el barco que alimentaba el lanchón hundido podría atracar en el puerto de Caldera y que desconocen las razones por las que Fertica hace los transbordos en el mar.
También dijo que hubo “negligencia e irresponsabilidad” de la firma al ignorar la advertencia de oleaje fuerte en el Pacífico durante el pasado fin de semana.
La CNE manifestó que el Tribunal Ambiental Administrativo trabaja en cuantificar el daño ambiental en la zona.