San José
El subsidio al precio del gas de cocina seguirá vigente, en beneficio de 651.000 hogares que lo utilizan en el país.
Los magistrados de la Sala Constitucional declararon sin lugar un recurso de amparo interpuesto el año anterior, en contra de un decreto del Gobierno que mantuvo bajos los precios del gas licuado de petróleo (LPG), el búnker y el asfalto; en perjuicio de los consumidores de diésel y gasolina. Según la Sala, la legalidad de ese decreto debe ser resuelta por jueces ordinarios.
El 16 de agosto del año pasado, 37 diputados, liderados por el socialcristiano Luiz Vásquez, objetaron ante los magistrados el Decreto Ejecutivo 39437-MINAE, del 13 de enero del 2016, con el cual se frenó un alza del 72% en el precio del gas LPG, que estaba basada en una nueva fórmula de cálculo para el costo de los hidrocarburos.
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Esa fórmula eliminó un subsidio para el gas y otros carburantes que desde hacía cinco años se cargaba a los consumidores de gasolina y diésel. Esa subvención significó, desde 2008, más de ¢100.000 millones de más en las tarifas de esos dos combustibles, con lo cual se logró abaratar el gas de cocina para 651.000 hogares (55% del país) y para la producción industrial.
Así las cosas, el Ejecutivo recurrió a un decreto para mantener vigente el subsidio, pero los diputados lo impugnaron en a la Sala IV y alegaron el resguardo de "derechos constitucionales e intereses de los consumidores".
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No obstante, para la mayoría de los magistrados constitucionales el recurso amparo resulta improcedente, dado que previo a realizar cualquier análisis de constitucionalidad, "es indispensable definir la naturaleza legal del factor tarifario cuestionado", es decir, el subsidio.
"Tal análisis, por su intenso carácter contable, financiero y técnico, es ajeno a la naturaleza sumaria del amparo y más bien corresponde a la jurisdicción ordinaria, por tratarse de un problema de mera legalidad", agrega un comunicado del Poder Judicial, divulgado este viernes.
Rechazaron el amparo los magistrados Fernando Cruz Castro, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal (como magistrado redactor del fallo) y Nancy Hernández López.
Mientras que Ernesto Jinesta Lobo, Luis Fernando Salazar Alvarado y José Paulino Hernández Gutiérrez, salvaron el voto y consideraron que lo pertinente era dar plazo a los recurrentes para plantear acción de inconstitucionalidad "en contra de las resoluciones generales de la Aresep que establecieron el modelo tarifario, así como el decreto ejecutivo que aprobó la política sectorial, para determinar si el llamado "subsidio oculto" lesiona los derechos del consumidor".
De esta manera, y mientras el caso no se resuelva en estrados ordinarios, el decreto seguirá vigente.
Cuando lo promulgó el Gobierno, en enero del año pasado, lo presentó como una fórmula para evitar más pobreza, al ser el gas de cocina uno de los productos más utilizados por familias de bajos recursos.