La Policía de Tránsito confirmó que en todo el 2021 detuvo, si acaso, a cuatro conductores por realizar piques en carreteras públicas, a los cuales presentó ante el Ministerio Público para enfrentar una causa penal que los expone a penas de hasta tres años de prisión.
Pero, aún esa cifra de cuatro personas podría ser menor porque la Policía de Tránsito no distingue, en esos cuatro casos, si los arrestó por competir en carreras ilegales o por manejo temerario a más de 150 km/h. Podría ser cualquiera de las dos situaciones.
En el común de la gente y según el Diccionario de la Real Academia Española, se entienden por piques las competencias de aceleración entre automotores. Pero la Policía califica como pique la conducta de todo aquel automovilista, incluso en solitario, que maneja a más de 150 km/h. De esta forma, si se habla estrictamente de piques como competencias entre vehículos, la impunidad podría ser absoluta.
El artículo 261 bis del Código Penal regula esas conductas ilícitas. Según la norma, se impondrá de uno a tres años de prisión:
a) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas en carreras ilícitas.
b) A quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a 150 km/h.
La Nación consultó al Poder Judicial cuántas condenas se han impuesto con la aplicación del inciso a) de ese artículo, pero no dio el dato.
Pese a esa oscuridad en las cifras, en las noches de entre semana, pero, sobre todo en fin de semana, es común en carreteras y barrios escuchar los motores acelerados de estas competencias ilegales que cobran vidas, como ocurrió hace el 25 de agosto. Esa noche, Wildor Forrester, un joven de 28 años, fue atropellado en un pique en la radial de Loma Linda, que desemboca en la carretera de Circunvalación, en las cercanías del parque de la Paz, San José.
Ese es uno de los puntos donde ya es súper conocido que hay competencias. También hay otros en la Gran Área Metropolitana (GAM), entre estos en la radial a Pavas, en las cercanías del redondel de Zapote, en la radial de Paso Ancho a Desamparados, en Hacienda Vieja sobre la ruta 2, en La Lima de Cartago y en algunos puntos de la ruta 27 por Santa Ana, Caldera y Orotina. También en el tramo del puente Saprissa y La República, en la ruta 32.
Más allá de la GAM, se han vuelto frecuentes en cantones de Guanacaste y la zona sur.
La Policía de Tránsito admitió conocer que los piques se dan prácticamente todos los fines de semana y que aumentaron desde que se relajaron las restricciones sanitarias. No obstante, alegó que es muy difícil detenerlos porque entre los mismos corredores y público se avisan cuando los oficiales se acercan para monitorear o hacer operativos. Así logran escapar.
Felipe Venegas Vargas, jefe de Operaciones de ese cuerpo policial, explicó a La Nación que frente a este escenario han optado por ubicar patrullas desde horas tempranas en lugares donde normalmente ocurren competencias ilegales y, además, cerrar puntos de acceso en calles en las que se identifican carreras en proceso.
Reconoció que en la mayoría de las ocasiones los participantes evaden a las autoridades, por lo que han coordinado con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para desarrollar operaciones encubiertas e identificar a quienes coordinan estas carreras ilícitas.
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Venegas explicó que la mayoría de los piques son llevados a cabo por grupos organizados, con “líderes” que se encargan de elegir los sitios de reunión y convocar a las personas. Frente a esa situación, agregó que la Policía de Tránsito está diezmada.
Explicó que los 729 policías de Tránsito que trabajan en las 32 delegaciones del país no dan abasto.
“Las fuerzas policiales que se pueden plantear en cada turno son ínfimas, tanto, que la mayoría de las delegaciones en las noches -que es nuestro punto más débil- tienen dos policías para atender todas las situaciones que se presenten.
“Hay un sentimiento de impunidad, de que es muy fácil darse a la fuga porque con las fuerzas de tarea que hay, no tenemos la posibilidad de estar atendiendo esto todas las noches, todos los días. Es como un tipo de conducta psicológica de que les agrada darse a la fuga; sienten satisfacción en burlarse de la Policía”, dijo.
A inicios de setiembre, Tránsito prometió un informe de la situación por el aumento de los piques en el país, pero cuando se le consultó ahora por la información respondió que, pese a que está recopilada, solo es “para consumo interno, específicamente para la toma de decisiones y el desarrollo de diversas acciones policiales que se ejecutan en conjunto con las autoridades judiciales, por lo que no es posible facilitarle el documento que nos solicita”.
También se le pidió datos a la Fuerza Pública, ya que al tratarse de un delito pueden intervenir todas las autoridades y el artículo 4 de la Ley General de Policía señala que todas las fuerzas de policía están al servicio de la comunidad para prevenir y reprimir las manifestaciones de delincuencia. Sin embargo, alegó que el tema no es de su competencia.
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Evaden prisión
Aunque el Poder Judicial no da datos sobre condenas por piques, suministró estadísticas del abordaje general que ha habido del delito de conducción temeraria en los últimos 10 años. Las cifras muestran que en la mayoría de los casos (62%) los conductores logran evadir la cárcel con una ejecución condicional de la pena.
Desde 2010 se ha condenado a 4.484 personas por este ilícito y únicamente 10 fueron sentenciadas a tres años de prisión y dos a siete años. El Código Penal indica que cuando la pena es de dos años o menos, el tribunal puede dejar libre al individuo con una multa de uno a tres salarios base (¢462.200) o “una medida alternativa de prestación de servicio de utilidad pública” de 100 a 300 horas de servicio.
Para el director de Proyectos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Roy Rojas, las autoridades nacionales deben atender esto con mayor contundencia porque los accidentes por velocidad representan una “pandemia” que no se ha querido aceptar en el país, pero que dejó 1.941 muertos y heridos graves en solo el año anterior.
Explicó que, lamentablemente, el país tiene la receta perfecta para el fracaso porque la mayoría de las vías interurbanas no soportan más de 90 km/h y muchos choferes que corren utilizan vehículos muy potentes que no tienen las condiciones aptas para rodar a la velocidad para lo que fueron diseñados, por lo que fallan.
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