El próximo 7 de mayo, la reguladora general adjunta, Xinia Herrera Durán, dejará su cargo porque vence su nombramiento y optará por acogerse a la jubilación.
Para entonces, la funcionaria, de 63 años, recibirá solo por vacaciones no tomadas la suma de ¢8,3 millones correspondientes a 28 días de descanso que no disfrutó, según información suministrada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Consultada por La Nación, Herrera afirmó que no prevé descontarlos y nadie en la Autoridad puede obligarla.
Ella es la funcionaria en Aresep con la remuneración más alta , según confirmó el regulador general, Eric Bogantes Cabezas. Tiene un salario de ¢6,4 millones al mes; fue nombrada en mayo del 2017.
Según Bogantes, esto se debe a que ella asumió el cargo antes de que se aprobara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la que impuso limitaciones a los salarios del personal en puestos públicos.
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“Cualquier contratación nueva, a partir de esa legislación, tiene limitaciones en los montos salariales, pero no así en contrataciones previas, como el caso del salario de doña Xinia, quien tiene más de 30 años de laborar en la Aresep”, explicó.
Herrera Durán, además, pertenece a un régimen laboral previo al establecimiento del salario único en la Aresep, a partir del 2008. Por eso, agregó el regulador, la funcionaria tiene derecho a 30 días de descanso al año en vez de 22 como el resto del personal.
A abril de este año, confirmó la entidad, tenía pendientes 28,3 días de reposo. Ocurre a poco menos de tres semanas de vencer su nombramiento y acogerse a su retiro. Ese tiempo de vacaciones representará un suma de ¢8,3 millones si no las toma.
Herrera insistió en que cumple todas las normas jurídicas aplicables a su caso. “No estoy acumulando vacaciones”, manifestó en dos ocasiones.
La economista fue clara en que no prevé tomar los días. Según dijo, esa decisión se justifica porque el regulador general tiene un viaje a finales de abril y ella debe sustituirlo.
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Según el Artículo 57 de la Ley de Aresep (Ley N° 7593), el cargo de regulador general adjunto carece de funciones específicas. Sus deberes y atribuciones consisten en colaborar con el regulador general, sustituirlo en sus ausencias temporales y asistir con voz (pero sin voto) a sesiones de Junta Directiva.
Nada que hacer
Bogantes afirmó que ha estado revisando opciones pero, aun y cuando el reglamento interno dice que el regulador es el superior jerárquico de la reguladora general adjunta, está atado de manos con respecto a las vacaciones.
Según las normas internas y el marco normativo, los descansos del regulador general y del regulador general adjunto no están sujetos a un trámite formal. Desde el punto de vista legal, explicó, no puede obligarla a descontar los días para prevenir esa erogación de ¢8,3 millones.
“Yo le pregunté si iba a tomarlas antes de que se le venciera el período, pero ella no tiene intención y tampoco puedo obligarla. Se trataría de una liquidación de derechos laborales”, declaró el jerarca de la Aresep.
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Recalcó que en la Autoridad existe una política para que los funcionarios no acumulen vacaciones y se controla que cada jefatura haga la revisión oportuna y el control pertinente para evitar este tipo de situación.
“Este tipo de casos (como el de Herrera) no es la regla y estamos aplicando una política donde se impide la acumulación de tiempo cuando se trata de días ligados a periodos vencidos y se obliga al personal a ausentarse. Incluso tuvimos casos de personas con hasta 80 días de vacaciones al hilo”, afirmó.
A enero del 2022, el ahora exregulador general Roberto Jiménez Gómez acumulaba 67 días de vacaciones que le permitían reclamar ¢18,5 millones al momento de dejar el puesto en mayo de ese año.
Ante consulta de La Nación, la oficina de prensa de Aresep adujo que el jerarca no tomó sus periodos de descanso por el temor a una parálisis institucional ante su ausencia.