La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) cerró los primeros seis meses de este año con pérdidas por ¢13.219 millones, según lo revelan sus estados financieros. El balance contable contrasta con el desempeño del primer semestre de 2022, cuando obtuvo ganancias de ¢39.330 millones.
Desde enero, la importadora y distribuidora de combustibles ha enfrentado problemas aún y cuando atiende ese negocio en condición de monopolio. En el primer trimestre (enero a marzo), registró pérdidas por ¢4.964 millones debido a una disminución en la liquidez y en las reservas de combustibles (inventarios).
Esta tendencia continuó en el segundo trimestre (abril a junio), cuando se acumularon pérdidas por ¢8.255 millones. Solo entre un trimestre y otro, el monto aumentó en un 66%, como precisan sus últimos estados financieros a junio.
De acuerdo con ese balance de cuentas, la liquidez continuó disminuyendo y la disponibilidad de efectivo se redujo. Por ejemplo, en junio del 2022 reportaba ¢109.596 millones en sus cuentas, mientras en junio del 2023 el monto cayó a ¢91.712 millones. Esto equivale a una disminución del 16%.
En cuanto al valor económico neto, los inventarios de hidrocarburos importados por Recope experimentaron una reducción significativa entre ambos periodos del 2022 y 2023. Pasaron de ¢354.192 millones a ¢215.501 millones, una merma del 39% (¢138.691 millones menos).
Hay un hecho relevante en 2022 y 2023 y es que en estos dos años la empresa pública ha evitado solicitar ajustes ordinarios de precios de combustibles ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
La ley de la Aresep le permite pedir un ajuste anual para cubrir sus costos operativos, los de mantenimiento e inversiones. Estos costos incluyen, por ejemplo, los salarios de sus 1.742 empleados y el financiamiento de la convención colectiva que es de ¢15.376 millones anuales hasta 2024.
Sin embargo, Juan Manuel Quesada Espinoza, presidente de Recope, prometió el 30 de junio de 2022 que no tramitaría ajuste ordinario ese año. Lo dijo en el Congreso de Energía y Ambiente, que organizó en aquel momento la Cámara de Industrias de Costa Rica.
La Nación consultó a la empresa este martes si el desempeño financiero de ese año se debía a la decisión de no hacer esas gestiones tarifarias.
No obstante, el área de prensa de Recope respondió que se referiría a las consultas de este diario en el plazo de 10 días hábiles previsto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley 7135).
Cuando se conocieron los resultados del primer trimestre, la Refinadora atribuyó la pérdida de ¢4.964 millones de enero a marzo a lo que denominó “una distorsión metodológica”, de acuerdo con la respuesta que dio por escrito a través de la oficina de prensa.
Según la explicación, esta “distorsión metodológica” generó un diferencial de precios entre febrero y julio de 2022, el cual fue calculado en setiembre y que se transfirió al consumidor entre octubre de 2022 y marzo de 2023.
La empresa afirmó haber planteado esta situación ante la Aresep.
Este diario también le preguntó a Recope, en aquel momento, si esperaba una mejora en su balance contable. La respuesta fue que debido a la “distorsión metodológica”, preveían una situación similar en el segundo trimestre en términos de pérdida financiera.
Sin distorsión, dice Aresep
Mario Mora Quirós, intendente de Energía de la Aresep, rechazó la “distorsión metodológica” mencionada por Recope al recordar que el cálculo tarifario permite realizar fijaciones ordinarias y extraordinarias.
“La Intendencia no ha recibido de Recope ningún informe o análisis técnico específico que sustente la supuesta relación entre su situación financiera y la metodología de ajustes tarifarios”, señaló.
Según dijo, la última vez que la empresa pública solicitó actualizar su margen de operación fue en el 2019. Por esa razón, añadió Mora, podría implicar que entre el 2020 y el 2023 es probable que se hayan registrado cambios en su estructura de costos.
Incluso, añadió Mora, es posible que durante ese lapso la empresa tomara decisiones que quizás habrían incidido en su realidad operativa actual.
Puso como ejemplo, un aumento en su capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios, cambios en la estrategia de compras de combustibles, tramitación de nuevas licitaciones públicas que condujeron a nuevos contratos y proveedores y la implementación de una nueva estructura organizativa aprobada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
“Por ello, es responsabilidad de Recope valorar si esa estructura de costos, reconocida en el margen de operación del 2019, es consistente y se ajusta a su realidad operativa actual. En caso de que lo considere necesario, puede presentar ante la Autoridad una solicitud de ajuste ordinario para su actualización”, afirmó Mora Quirós.
Eric Bogantes Cabezas, regulador general de la Aresep, también explicó que la gestión administrativa y financiera es responsabilidad de cada prestador de servicios públicos regulados.
Reiteró que la ley de Aresep tiene los mecanismos suficientes para garantizar los ingresos necesarios a los prestadores y así preservar su equilibrio económico. Para esto, los prestadores del servicio público deben presentar su estudio ordinario de tarifas.
“No es dable para la Aresep intervenir en coadministración, es decir, no podemos interferir en las decisiones administrativas o de contratación de ningún tipo. Por eso la metodología brinda la oportunidad a cada prestador de trasladar a las tarifas un ajuste ordinario anual para atender sus operaciones”, indicó.
Durante el primer semestre de este año, Recope no solo enfrentó pérdidas económicas. También, la Aresep le cuestionó el deterioro en la calidad de la gasolina regular, que es la más severa en 22 años de verificaciones de normas técnicas.