La Municipalidad de Esparza pagó ¢2,2 millones de más al alcalde de ese cantón, Asdrúbal Calvo Chaves, por concepto de incentivo de prohibición desde que fue nombrado en mayo de 2020.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que al jerarca se le ha reconocido, durante los últimos dos años, un porcentaje de compensación mayor al que le corresponde por su grado académico.
De acuerdo con la normativa vigente, a los beneficiarios del pago adicional por prohibición se les paga una compensación económica equivalente al 30% del salario base si tienen licenciatura u otro grado académico superior, o bien, un 15% para los profesionales con bachillerato universitario.
Sin embargo, al alcalde se le ha reconocido un 30% como si fuera licenciado, aunque su grado es de bachiller.
La CGR indicó que esto ha sucedido por la falta de un procedimiento formal y mecanismos de control en el municipio que regulen el otorgamiento de dicho incentivo. Ahora, el órgano contralor instruyó al encargado de Recursos Humanos del ayuntamiento que ajuste el porcentaje de prohibición reconocido al alcalde según el grado académico correspondiente (es decir, a un 15%) y que recupere la totalidad de dinero pagado de más.
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La auditoría también identificó que otros 121 funcionarios de la Municipalidad de Esparza han recibido en los últimos 24 meses un total de ¢10,6 millones por concepto de anualidad sin cumplir con la normativa, ya que el otorgamiento del incentivo no se ha ajustado a las nuevas disposiciones de la Ley N.° 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y se ha otorgado sin contar con los resultados de las evaluaciones del desempeño.
“Finalmente, la falta de resultados por la no aplicación de una metodología de evaluación del desempeño incide negativamente en la gestión municipal y la rendición de cuentas, ya que se trata de un mecanismo para la mejora continua de la gestión pública, así como del desempeño y el desarrollo integral de los funcionarios públicos (as), lo cual podría derivarse en una afectación sobre la hacienda municipal”, agregó la Contraloría.
La Nación envió consultas al alcalde de Esparza por este tema y se está a la espera de sus respuestas.
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¢86 millones de más
El órgano fiscalizador también comunicó que en la Municipalidad de Garabito ha ocurrido algo similar y se le han pagado de más un total de ¢86,5 millones en anualidades a 225 funcionarios en los últimos 36 meses. Eso ocurrió por las mismas situaciones que en Esparza y además por no haber denunciado su Convención Colectiva ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el plazo establecido, y por ende prorrogarla sin ajustes.
“A su vez, en cuanto al incentivo de prohibición se identificó que la Municipalidad no cuenta con un manual descriptivo de puestos lo cual imposibilita determinar si las labores que realizan los funcionarios se enmarcan dentro de la base legal para otorgar tal incentivo; además, en dos expedientes de personal se detectó la desactualización de información sobre la incorporación al colegio profesional y el grado académico”, dijo la CGR.
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Asimismo, la Contraloría advirtió que la Municipalidad de Garabito tampoco ajustó a un monto fijo el pago de los incentivos de riesgo policial y de peligrosidad que se reconocen de forma porcentual en el gobierno local, ya que los otorga a un 18% y 10%, respectivamente, sobre el salario base. Esto ocurre dada la omisión de los ajustes que debía hacer a la Convención, así como a la falta de procedimientos internos para ajustar los pluses.
Esto ha provocado que se hayan pagado ¢4,3 millones de más a un total de 46 funcionarios y ¢1,7 millones a otros 55 trabajadores municipales. Ahora el dinero deberá ser reintegrado a las arcas municipales. “Es deber de la administración realizar las gestiones pertinentes con el fin de reintegrar a la Hacienda Municipal esos dineros, además de ejercer las acciones administrativas o judiciales pertinentes”, concluyó la auditoría.
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