San José
Los cuatro ministros del Gobierno denunciados por el apoderado legal de Gas Zeta, Noel Edmundo Bustillos Delgado, ante la Procuraduría de la Ética Pública, no se referirán al caso hasta saber si avanza o se archiva.
En un comunicado de prensa, el Gobierno informó este viernes, que los ministros y viceministros denunciados desconocen el expediente que se tramita de manera confidencial en la Procuraduría de la Ética Pública.
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El pasado 23 de setiembre Noel Edmundo Bustillos presentó una acusación ética contra los ministros de la Presidencia, Sergio Alfaro; de Trabajo, Víctor Morales; de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez y de Seguridad, Gustavo Mata.
También fueron denunciados los viceministros de la Presidencia, Luis Paulino Mora; de Trabajo, Harold Villegas; de Seguridad, María Fullmen Salazar y de Energía, Irene Cañas.
Los jerarcas esperarán primero a que la Procuraduría de la Ética defina si procede o no una investigación; de abrirse el proceso los ministros y viceministros denunciados deben responder ante esa instancia por la acusación.
"Respetando la fase en la que se encuentra esta denuncia, los ministros y funcionarios que podrían ser aludidos en el proceso deben esperar a que se les comunique si avanzó la denuncia en su contra, o si se archivó", manifestó el Ejecutivo en el comunicado de prensa.
El proceso por presuntas faltas éticas también se abrió contra el director de Personas Jurídicas del Registro Nacional, Luis Gustavo Álvarez, el registrador del Registro Público Nacional, Marco Antonio Murillo, el jefe de la Oficina de Desalojos Administrativos del Ministerio de Seguridad, Alejandro Chan, el director Jurídico del Ministerio de Seguridad Pública, Jeinner Villalobos y el juez del Tribunal Contencioso Administrativo, Billy Araya.
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Desalojo y desabastecimiento de gas. Bustillo es el apoderado legal de Gas Zeta en el país y el pasado 23 de abril fue desalojado por el Ministerio de Seguridad de las plantas de la empresa ubicadas en El Coyol de Alajuela y La Lima de Cartago.
El desalojo se ejecutó debido un proceso de divorcio entre los propietarios de la empresa Miguel Zaragoza Fuentes y Evangelina Lopez Guzmán, quienes son mexicanos y residen en Estados Unidos.
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Uno de los dueños puso como representante de la empresa al costarricense, Miguel Monge Alonso, quien tenía representación, pero sin poder. Monge se quedó con las plantas por una semana tras el desalojo.
El Ministerio de Seguridad resolvió un recurso de revisión presentado por Bustillos, seis días después del desalojo, y ordenó que se le devolvieran las plantas de gas de El Coyol y La Lima.
El desalojo de las plantas envasadoras de Gas Nacional Zeta provocó un desabastecimiento a nivel nacional a finales de abril e inicios de mayo de este año, debido a que esa empresa surte el 72% del gas en el país.
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"Las autoridades vinculadas con el tema actuaron dentro de la esfera de sus responsabilidades para reducir las posibilidades de un desabastecimiento de gas, que habría tenido consecuencias nocivas para la población y la economía", agregó el Ejecutivo.
El Gobierno sostiene que las acciones tomadas por los diferentes ministerios y jerarcas tenía como objetivo garantizar el abastecimiento de gas en los hogares, hospitales, escuelas, colegios y centros de atención ciudadana en el país.
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