El Instituto Nacional de Seguros (INS) evalúa la compra de una empresa aseguradora en Guatemala por varios millones de dólares. La información fue confirmada por el gerente general del INS, Luis Fernando Monge Salas, pero rechazó decir cuál es el nombre de la compañía, el monto de la transacción y las razones para invertir en ese país.
No obstante, Juan Gabriel Pérez Salguera, quien presidió el INS de junio de 2021 a mayo de 2022, manifestó que se analizaron tres compañías en Guatemala, pero sólo una mostró interés de vender.
Se trata Aseguradora General, una empresa fundada en 1966 con un valor en activos, según los estados financieros a diciembre de 2022, de $121,7 millones. Esa cifra equivale al 2,7% del costo de activos del INS, según los estados financieros a la misma fecha.
Todos los detalles del proyecto de internacionalización del INS fueron declarados confidenciales, según consta en el acta de la sesión 9.544 del 2 de setiembre de 2019. William Fernández, director Jurídico del INS, admitió que esa decisión se tomó sin estudios técnicos ni legales.
Una vez tomado ese acuerdo, la institución pública aprovechó para mantener en secreto todos los documentos vinculados al proyecto, incluidos informes de la Auditoría Interna que señalan faltas en el proceso.
Por ejemplo, contrario a lo que establece la Ley General de Control Interno, la Junta Directiva mantuvo oculto el informe IA-011-2022, emitido el 24 de marzo de 2022, en el que se se señala la ausencia de análisis de costo-beneficio, inexistencia estudios de factibilidad financiera y hasta evaluaciones técnicas desactualizadas, pues no contemplan escenarios y supuestos posteriores a la aparición del covid-19.
Además, los auditores señalaron que la planificación elaborada por el INS carece de una “actividad o tarea” relacionada con la toma en posición de la empresa que se pretende comprar.
“En ese sentido, el no disponer de una estrategia de gobernanza planificada, antes de que concrete la adquisición, expone a la Institución a riesgos relacionados con la gestión de operaciones, al no estar debidamente preparada para la toma de posesión de la empresa”, señala el documento mencionado.
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También fue declarado confidencial el oficio IA-041-2020 del 21 de diciembre de 2020. En esa ocasión, el órgano fiscalizador apuntó que “no existe claridad” si el monto presupuestado por el INS para adquirir una aseguradora fuera del país es suficiente para cerrar el negocio.
El gerente general del Instituto, quien asumió el cargo el 17 de mayo pasado, indicó que el presupuesto aprobado para este tema es de $100 millones. Sobre la falta de criterios técnicos y legales para declarar la confidencialidad del proyecto, afirmó que no era necesario ese tipo de análisis para justificar la decisión.
Este diario intentó consultar a Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, pero respondió que solo atendería una entrevista si se transmiten en vivo a través de las redes sociales de la aseguradora estatal o si se envían las consultas por escrito.
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$1,65 millones en análisis
Desde 2019, año en que la Junta Directiva dio el banderazo de salida al proyecto de internacionalización, la entidad pública pagó $1,65 millones en consultorías.
La primera la contrató con KPMG por $131.000 para elaborar una estrategia de expansión y la segunda la asignó a Ernst & Young por $1,5 millones para valorar el costo de compañías de seguros y debida diligencia en Guatemala, reconoció Luis Fernando Monge Salas en una entrevista realizada la semana anterior.
La contratación de Ernst & Young se realizó a través del Sistema Integrado de Compras Públicas en un concurso en el que solo participó esa compañía, pues, según Monge, fueron los únicos que superaron un proceso de precalificación.
El acuerdo con Ernst & Young incluía el pago de una comisión de $1,4 millones si se concretaba la compra de una aseguradora. Sin embargo, ese monto no se desembolsó porque no ejecutó el negocio.
Monge explicó que, en la actualidad, pretenden contratar nuevos análisis para hallar una aseguradora en Guatemala. También mencionó que mantienen interés en Panamá y en El Salvador.
El funcionario rechazó contestar cuántas empresas han valorado o piensan valorar. Para defender su negativa, mencionó un fallo de la Sala Constitucional emitido el 24 de febrero. En esa resolución los magistrados declararon sin lugar un recurso de amparo presentado por Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana, en el que solicitó una lista de datos e información sobre la intención del INS de comprar una aseguradora en el extranjero.
Monge enfatizó que hay “siete grandes temas” asociados a la internacionalización que son confidenciales por ser el INS una empresa pública en competencia. Entre ellos, mencionó el avance de los planes, los estudios de mercado, los acercamientos con empresas, fechas de cierres de posibles transacciones y estrategias comerciales, entre otros.
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Auditor aceptó confidencialidad
Pese a que la legislación establece que el auditor interno de las entidades públicas posee independencia funcional y de criterio, Gustavo Retana Calvo, auditor general del INS, aceptó que los informes mencionados en este reportaje se declararan confidenciales, contrario al principio de publicidad que aplica para los análisis emitidos por la Auditoría Interna.
Además, correos internos demuestran que, el 17 de febrero, Retana comunicó a la oficina de prensa que envió los reportes de Auditoría Interna a la Presidencia Ejecutiva del INS para que la Junta Directiva aprobara levantar la confidencialidad y así remitirlos a La Nación.
Retana rechazó, en varias ocasiones, una entrevista con este diario y dijo que solo respondería preguntas por escrito. Este lunes 6 de marzo se le enviaron mensajes de texto y realizaron varias llamadas para tratar de obtener su versión, pero no contestó.