Profesionalizar el personal que opera los trenes, reparar la línea férrea y exigir mayores garantías a las empresas contratadas para ese servicio es la meta del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Desde el 2005 –año en que se reactivó el servicio de ferrocarril– cuatro sociedades anónimas, integradas por 13 exempleados del Instituto, han sido las responsables de la conducción de equipos, mantenimiento de vías y arreglo de trenes.
Se trata de las empresas Manfer, Mantenimiento y Vías del Sector Atlántico, Desmantelamiento La Catenaria e Incoservitrans, las cuales emplean en conjunto a 180 personas.
El modelo actual, según Elizabeth Briceño, gerenta administrativa del Incofer, ha dejado a la institución en un estado de “indefensión” y por eso iniciarán una contratación pública para buscar más oferentes.
“En este momento, hay muy poco control o capacidad de la Administración de poder exigir mayores garantías, que es lo que si nos permitiría una contratación administrativa”, enfatizó Briceño.
Por ejemplo, el pasado 16 de agosto, una protesta de maquinistas obligó a suspender los viajes de tren, lo cual afectó a miles de pasajeros sin que se establecieran sanciones contra el prestador del servicio.
Según documentos en poder de La Nación, solo en los últimos tres años, estas firmas se adjudicaron contratos por ¢4.929 millones para dar servicios que incluyen mantenimiento de vías y equipo rodante, lo mismo que encargarse de la operación con maquinistas, ayudantes y brequeros.
Las firmas comenzaron como agrupaciones de extrabajadores del Instituto que se organizaron para vender servicios bajo la figura de sociedades anónimas laborales, explicó Briceño. No obstante, con el pasar de los años, Incofer quedó atado a ellos por falta de concursos públicos para buscar otros proveedores de los servicios.
“La asesoría legal trabajó un borrador de reglamento para los procesos de contratación que nos avala la nueva ley del Incofer; la idea es que, en diciembre, el contrato que se inicie se haga bajo esa nueva normativa y contratar una empresa mediante un cartel de licitación”, comentó la funcionaria.
Cristian Vargas, presidente ejecutivo del Incofer, agregó que se pretende salir del empirismo que rodea el manejo de operaciones del tren. Añadió que, por ejemplo, desean poder imponer multas si se suspenden los viajes, y disponer de más personal y de mayor grado de capacitación.
¿Quénes son? Las empresas contratadas para la logística ferroviaria carecen de sitio electrónico, perfiles en redes sociales, y no registran teléfonos ni tienen oficinas independientes.
La Nación buscó a Arturo Salazar Vargas, Gerardo Montero Jiménez, Claudio Meza Madriz y Luis Flores Rojas, presidentes de las Juntas Directivas de las sociedades, pero no fue posible localizarlos. Incluso, se enviaron mensajes a sus perfiles de redes sociales, mas no hubo respuesta.
Las Juntas están conformadas en total por 17 personas, 13 de ellas exempleados del Instituto, según confirmó la entidad.
Las certificaciones del Registro Nacional indican que todas las sociedades tienen su domicilio en la estación al Pacífico.
En agosto anterior, Incoservitrans decidió retirarse como proveedor de maquinistas, ayudantes y brequeros. Esta tarea fue asumida por La Catenaria. Las tres compañías emplean a más de 180 personas, según información remitida por la oficina de prensa del Instituto.
Detalle de costos. La facturación de los cuatro contratistas en el 2013 fue de ¢1.632 millones; en el 2014, de ¢1.499 millones, y en el 2015 de ¢1.798 millones.
Este es solo uno de los componentes del costo de poner a rodar los trenes los 12 meses del año, pues hay otros como combustible, estaciones, electricidad y gastos administrativos.
En la actualidad, el Incofer realiza un cálculo detallado de costos para precisar cuánto cuesta el funcionamiento del sistema ferroviario y establecer nuevas tarifas para los usuarios.
El sistema de trenes en el área urbana fue utilizado en el 2015 por 3,6 millones de personas.