Los congresistas de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobaron una moción para convocar a varios jefes del Instituto Nacional de Seguros (INS) y la empresa GBM para que den explicaciones sobre la revisión de las computadoras portátiles de los miembros de Junta Directiva, por la supuesta filtración de un acta a la prensa.
La inspección de los equipos de los directivos fue propuesta por Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, en setiembre del año anterior, luego de asegurar que un periodista de La Nación tenía detalles de la discusión y aprobación de un aumento salarial retroactivo para más de 2.000 trabajadores.
La inspección de los dispositivos se hizo en ausencia de ellos, lo cual viola la jurisprudencia para este tipo de procedimientos. Además, para esa tarea la entidad utilizó un contrato, firmado desde diciembre de 2021, con GBM Costa Rica para la adquisición de servicios de almacenamiento en la nube, es decir para otros fines.
En la moción, presentada por el diputado del Partido Liberación Nacional, Danny Vargas, se pide convocar a José Arévalo Ascensio, director de Transformación Tecnológica del INS; a Erick Córdoba Rodríguez, director de Tecnologías de Información del INS y a Alonso Ramírez Jiménez, director regional de Ciberseguridad de GBM.
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En la misma moción se solicitó llamar a los directivos Alejandro Elizondo Castillo y Willy Carvajal Carvajal, nombrados por el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles al inicio de la Administración.
Esta convocatoria se una a la realizada, días atrás, por la misma comisión legislativa para que Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS, y Luis Fernando Monge Salas, gerente general de la aseguradora estatal, brinden explicaciones sobre la declaratoria de confidencialidad del aumento de salario retroactivo, que tuvo un costo de ¢622 millones anuales.
En noviembre del año pasado, un ciudadano ganó un recurso de amparo presentado contra la entidad por declarar secretos los análisis financieros, la discusión y aprobación del incremento salarial.
Costo de la inspección
Para husmear en las computadoras de los directivos, el INS aprovechó un contrato firmado en 2021 con GBM Costa Rica para la adquisición de servicios en la nube, un modelo de permite guardar datos de forma segura en Internet.
Se trata, de acuerdo con el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), del procedimiento 2021PP-000023-0001000001 para contratación de soporte en la nube. Según esa plataforma, por cada hora de servicio de los especialistas de GBM, el INS debe cancelar $38, aproximadamente.
La institución reconoció que para examinar las portátiles de los miembros de Junta Directiva necesitó 76 horas y pagó $2.900 (¢1,7 millones) a GBM Costa Rica.
Al consultarle a William Fernández Hernández, director jurídico del INS, cuál fue el fundamento legal utilizado para aprobar la revisión de las computadoras, no logró mencionar una sola norma.
En un correo electrónico, el abogado se limitó a decir que fue un acuerdo tomado en el “seno de la Junta Directiva de forma voluntaria”, ante una “preocupación legítima”.