La insuficiencia de fondos para operar pone a la Defensoría de los Habitantes este año bajo amenaza de “cierre técnico”.
Así lo informó este jueves la jerarca de la entidad, Angie Cruickshank Lambert, quien afirmó que es producto del deterioro sistemático del presupuesto que se ha venido dando desde hace unos seis años.
Ese es el panorama que enfrentan pese a las muchas alertas que ha hecho tanto al Ministerio de Hacienda como a Casa Presidencial, señaló la defensora en el programa radiofónico “Malas Compañías”.
Ambas instancias, dijo la funcionaria, le indicaron que buscara los fondos necesarios en la Asamblea Legislativa, entidad que ya había aprobado los recursos.
“La Asamblea Legislativa nos brindó el presupuesto y hoy Hacienda nos dice: nos les vamos a dar el presupuesto”, afirmó.
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La Nación consultó a Hacienda sobre esta declaración. Hasta el momento de la publicación no se había recibido respuesta.
Cruickshank Lambert aseguró que hacen esfuerzos por evitar un cierre técnico, pero enfatizó que se necesita voluntad política al más alto nivel para garantizar la continuidad operativa de la entidad encargada de proteger los derechos humanos en el país. Lamentó no recibir ese respaldo.
Recortes desde 2018
Rónald Retana Pérez, director administrativo y financiero de la Defensoría de los Habitantes, describió la difícil situación financiera que enfrenta la institución debido a los recortes presupuestarios que han sufrido desde el 2018.
Ese año, el presupuesto institucional fue de ¢6.361 millones, mientras que para este año se redujo a ¢5.801 millones, lo que representa ¢560 millones menos. Esta diferencia ha impedido la actualización de equipos obsoletos y sin equipamiento no se pueden llenar las plazas vacantes.
La asignación para la compra de equipo este año fue de ¢42 millones, una cantidad que, según Retana Pérez, apenas alcanza para pagar las licencias del software utilizado.
En cuanto al combustible, el año pasado recibieron ¢5 millones, pero su gasto histórico ha sido de ¢12 millones a ¢13 millones. En servicios como agua y energía eléctrica, la asignación fue de ¢18 millones, a pesar de que sus gastos históricos oscilan entre ¢20 y ¢22 millones.
“La entidad ha hecho inversiones en años anteriores para poner paneles solares y paliar el gasto, pero las cuentas no nos dan y trabajamos con una gran estrechez y mucho estrés financiero”, explicó.
El funcionario confirmó que la Asamblea Legislativa les asignó ¢245 millones adicionales, no obstante, el Ministerio de Hacienda indicó a inicios de año que aún no los iba a girar.
Sin embargo, según Cruickshank, Hacienda les aclaró que no trasladarían los recursos. De acuerdo con sus estimaciones, las giras de trabajo podrían interrumpirse en julio o agosto a falta de dinero para combustible y viáticos.