La Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) acordó pedir a la Contraloría General de la República (CGR) la autorización para prorrogar por un tiempo no especificado, el contrato con la empresa Riteve SyC, única responsable en el país del servicio de revisión técnica vehicular.
Los directivos del Consejo justificaron la solicitud en el hecho de que fue presentada ante la Sala IV una acción de inconstitucionalidad, la cual, mientras no se resuelva, podría impedir la adjudicación de un nuevo contrato, pues el que está vigente con Riteve vence en julio del próximo año. Las acciones de inconstitucionalidad pueden tomar hasta 24 meses para que se dé una sentencia.
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Según confirmó a La Nación el director del Cosevi, Edwin Herrera, la gestión ante la Contraloría debe ser planteada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y forma parte de un cronograma de acciones que acordaron seguir, a fin de asegurar la continuidad del servicio de revisión técnica vehicular, al que deben acudir todos los propietarios de automotores por obligación de ley.
Herera explicó que este sería el primer paso, mientras se atienden tres elementos: la acción de inconstitucionalidad, el proceso de contratación y la transición al nuevo servicio.
Sobre el primer punto, Herrera dijo que incluso tienen previstos los posibles escenarios a seguir de acuerdo con la eventual respuesta de la Sala. Con respecto al proceso de transición, aseguró que ya han definido algunos aspectos con los que deberá ofrecerse a futuro el servicio, el cual dijo radicaría en un cambio tecnológico, ampliación de líneas y construcción de nuevas estaciones, específicamente en la zona sur del país.
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El jerarca aseguró que el cronograma con acciones y tiempos para ejecutar cada una, se hará público el próximo lunes, una vez que sea conocido por el MOPT. Luego de hacer las valoraciones de los escenarios planteados, será esa ente el que, como rector, defina cuándo acudirían a la CGR.
Además, añadió el funcionario, aún quedan por afinar otros aspectos, como, por ejemplo, determinar si la empresa está anuente a la prórroga.
Desde mitad de año, la Contraloría advirtió al MOPT sobre la falta de acciones ante el inminente vencimiento del contrato con Riteve y la imposibilidad de otorgar nuevas prórrogas.
El órgano contralor, señaló en ese momento, que no se habían llevado adelante los pasos “mínimos” en la planificación de una estrategia para el cierre del contrato y para garantizar la continuidad del servicio. En un segundo informe divulgado en octubre anterior, se indicó que aún no existe claridad sobre el nuevo modelo para la prestación del servicio, lo cual genera incertidumbre entre los dueños de vehículos que deben cumplir ese requisito establecido en la Ley de Tránsito.
Reclamo de ambientalistas
La acción de inconstitucionalidad sobre la cual se refirió el director del Cosevi, será la justificación con la que la Administración solicitará la extensión de plazo del contrato.
Dicho recurso fue presentado ante la Sala Constitucional por la Asociación Preserve Planet el pasado 25 de octubre, contra los artículos 25 ,26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito, en los que se establece la facultad para que el Cosevi otorgue “autorizaciones indefinidas” a las empresas interesadas en prestar el servicio de inspección vehicular.
Según se desprende de la solicitud planteada ante los magistrados, a criterio del accionante, dichos mecanismos son “cuestionables” pues “está probado” por la experiencia vivida en la década de los 90, que el proceso de autorizaciones es “ineficaz y corrupto”. Esa situación, añaden, traería consecuencias de carácter ambiental y significaría un retroceso en el control del modelo actual.
En la petición, establecen que el servicio de revisión técnica bajo el modelo de concesión, ha brindado resultados beneficiosos por casi 20 años, los cuales, aseguran, se verían perjudicados si no existe un control sobre este.