Contraloría vuelve a rechazar nuevo Centro Nacional de la Música por atrasos y alto costo

Obra de 4.600 metros² nunca comenzó a construirse pese a trámites desde 2017. Estado trasladó $5,8 millones a UNOPS para diseños y preinversión

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El proyecto para construir un nuevo Centro Nacional de la Música pareciera no tener futuro, luego de que por segunda vez, la Contraloría General de la República rechazara extender el plazo de ejecución y el presupuesto por considerar que las modificaciones “no son viables”.

El Ministerio de Cultura y Juventud pretendía ampliar el plazo en 20 meses y elevar el presupuesto de $6,7 millones a $11,1 millones. Sin embargo, la Contraloría respondió negativamente, pues representa un aumento del 63,9% en el costo original, lo cual excede los límites establecidos por la Ley de Contratación Administrativa.

El primer rechazo de la CGR ocurrió el 6 de octubre, ante el cual, Gabriel Goñi, director del Centro Nacional de la Música, solicitó una reconsideración, pero chocó de nuevo con un no. Así consta en el oficio DCA-4083 de la División de Contratación Administrativa de la CGR, firmado el pasado 22 de octubre por Édgar Herrera Loaiza y Andrea Serrano Rodríguez.

Además de negar la autorización para aumentar el plazo y el presupuesto, la Contraloría reprendió a Goñi al manifestarle que su petición “carece de fuerza argumentativa”, ya que repite aspectos que ya habían sido analizados.

El nuevo Centro Nacional de la Música fue planteado desde agosto del 2017, con el propósito de que albergara la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Lírica Nacional y el Coro Sinfónico Nacional.

La gestión de la obra de 4.600 metros cuadrados (m²) fue encargada a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés); debía estar lista en dos años y dos meses. No obstante, cuatro años después no se ha colocado una sola piedra de la edificación.

Desde agosto del 2017, el Gobierno le trasladó a esa agencia de la ONU $5,8 millones, sin que se conozca cuánto del dinero se ha usado hasta ahora en planificación, estudios de preinversión, gastos administrativos y otros.

Tampoco está claro qué pasará con la licitación de la obra, ya que se realizó un concurso y fue seleccionada la empresa constructora Eliseo Vargas y Asociados S. A., por $8,4 millones. Al contratista no se le notificó la adjudicación debido a la suspensión temporal del proyecto.

Desde el 12 de octubre, La Nación ha intentado hablar con Goñi para preguntarle sobre el futuro del proyecto, pero no ha atendido las solicitudes de entrevista. También se pidió una entrevista con la ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra, pero respondió que no hablaría del tema hasta que la Contraloría resolviera el recurso de reconsideración.

Este diario también solicitó desde el 12 de octubre, copia digital del expediente de la obra y de las actas de la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música relacionadas con el proyecto, pero la información no ha sido enviada. La oficina de prensa de la institución pidió más tiempo para remitir los documentos, el plazo para entregarlos venció el 26 de octubre.

Múltiples prórrogas

Debido a los problemas de planificación, el Ministerio de Cultura y Juventud gestionó desde 2017 siete adendas ante la Contraloría para tratar de avanzar. No obstante, la Contraloría detectó que el plan estaba vencido para cuando se tramitó la número cinco, el 2 de julio del 2020. Para entonces, habían pasado 16 días desde la fecha de vencimiento.

“Al respecto, véase que dicha adenda fue suscrita con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de los 32 meses estipulados mediante adenda 4, a saber el 17 de junio del 2020, lo que implica que el Memorando de Acuerdo no se encontraba vigente”, declaró la CGR en su pronunciamiento.

La afirmación de la Contraloría demuestra que el contrato entre el Estado y UNOPS quedó sin efecto desde el año pasado y ninguna de las partes se había dado cuenta.

“No se encuentra vigente y jurídicamente no resulta viable modificar un contrato que ya ha fenecido según lo dispuesto expresamente en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 208 de su reglamento”, agregó la CGR.