La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ajustaría este mes el mecanismo de cobro de electricidad para dueños de paneles solares bajo esquemas de generación distribuida, luego de que problemas en su aplicación condujeron a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) a cobrar hasta 400% más a sus clientes con generación limpia y propia.
La previsión es que en la primera quincena de abril, la Junta Directiva de Aresepp conozca y vote una propuesta del Centro de Desarrollo de la Regulación de la misma entidad para modificar el cálculo tarifario sin suspenderlo.
Los incrementos en los cobros para estos abonados y productores de energía propia empezaron con la entrada en vigor, el 1.° de octubre, de tarifas que pretendían facilitar la adopción de la generación distribuida, conforme la Ley 10.086.
Con esa meta, la Autoridad creó cuatro tarifas ligadas a una fórmula de cálculo matemático:una por interconexión a la red de distribución eléctrica, otra por acceso a esa red, una más por compraventa de excedentes de energía y otra por reconocimiento de costos a la empresa distribuidora.
No obstante, se presentó un problema con la tarifa de acceso a la red, principalmente en la CNFL, que empezó a cobrar el monto máximo que el cálculo le permitía a cada generador distribuido y en apego, como lo indica el propio método, al consumo natural de cada abonado, el cual contempla todo cuanto produce con sus paneles.
El ajuste que se pretender hacer este mes es que ya no se aplique ese cobro por consumo natural.
Esto forzaría a las ocho distribuidoras de energía nacionales a cobrar a sus clientes con paneles (empresas y particulares) solo por la energía consumida tomada de sus redes y les cerraría la posibilidad de cobrar la energía producida, como ha ocurrido desde la introducción del método en octubre.
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“Lo estamos manejando como una aclaración en la forma de cobro para prevenir las facturaciones irregulares que hasta ahora se han presentado”, indicó el regulador general de los servicios públicos, Erick Bogantes.
Jan Borchgrevink, presidente de la Cámara de Generación Distribuida, había explicado a La Nación en diciembre que el “consumo natural” actuaba como una suerte de “impuesto al sol”.
Por eso, según Bogantes, el ajuste devolvería la tranquilidad a propietarios actuales de sistemas fotovoltaicos y mantendría el interés de otros por invertir en esta infraestructura.
Por claridad y seguridad
En enero, el jerarca había anunciado que la Intendencia de Energía emitiría una resolución para congelar a partir de febrero y por al menos dos meses las tarifas asociadas al método, mientras se le introducían algunos cambios.
El funcionario confirmó este martes que esa medida no se pudo concretar a falta de acuerdo en la Junta Directiva de Aresep.
De haberse suspendido sin tener claridad de qué pasaría durante el periodo de revisión del método, se habría dejado a usuarios y operadores en una especie de limbo regulatorio, indicó.
Tal riesgo de inseguridad jurídica se volvió evidente, agregó, debido a que el Decreto N° 39220-MINAE del 2015, que antes regulaba la generación distribuida, quedó derogado con la Ley 10.086 Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables, de diciembre de 2021.