El empeño del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por hacer obra pública ya construye halagos y temores.
Por ejemplo, el posible impacto en las tarifas de luz si incurre en pérdidas o bien, si empieza a llenarse de más personal.
Pedro Pablo Quirós y Teófilo de la Torre, expresidentes de la entidad, le atribuyen al Instituto destrezas como su pericia administrando grandes proyectos y el manejo de equipo pesado.
La recién construida planta hidroeléctrica Reventazón ratifica esos dones. Quirós y De la Torre coinciden también en que el ICE es un constructor experto de túneles.
La administración actual evita detalles. Van dos semanas desde que La Nación viene consultando al ICE cuáles considera que son sus atributos para hacer obra pública pero la entidad ha evitado responder.
Sin embargo, su interés en construir para el Estado es claro desde que el diputado Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, presentó el proyecto de ley 19.793.
El plan, de febrero pasado, propone que cualquier entidad estatal pueda encargar al ICE obras como carreteras, puentes, aulas, túneles o rellenos. El propio Alvarado asegura que tuvo la idea luego de visitar la planta Reventazón en Siquirres.
Esta semana, el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda acogió una medida cautelar por la cual se le permitió el ICE retomar la supervisión de la nueva carretera a San Carlos.
La decisión anuló un criterio de la Contraloría General de la República, según el cual, el ICE no tiene competencias legales para desarrollar dichas labores.
Preguntas calientes. Sin embargo, el ICE quiere hacerlo y eso causa inquietud en algunos sectores, como la Cámara Costarricense de la Construcción.
“Si hiciera obra pública y tiene pérdidas, ¿quién va a pagar eso?, ¿el ICE o se trasladará a tarifas eléctricas? Eso nos preocupa”, advirtió Jorge Arturo González, presidente de esa entidad.
Para González, la propuesta que busca resolver la crisis de infraestructura promueve una doble funcionalidad, duplicación de competencias y más burocracia.
“No resuelve el problema de fondo, que es de gestión y no de ejecución, y simplemente incorpora un actor más”, afirmó.
Para Elías Soley-Gutiérrez, vocero de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio, el ICE ha probado su incapacidad administrando recursos y tiempos en obras que, al concluir, duplicaron o triplicaron sus costos, como las hidroeléctricas Balsa Inferior y Pirrís, y el proyecto eólico Valle Central, que costaron $602 millones más del monto original.
“El ICE distorsionaría a un sector dinámico como es construcción y generaría una suerte de competencia desleal porque sería contratado por el Estado sin mediar licitaciones. Incluso podría seguir engordando su planilla con personal ocasional”, advirtió Soley-Gutiérrez.
El propio Quirós teme que si el ICE contrata personal especializado en una obra, y esta se atrasa por razones burocráticas, aumentará la planilla y el costo de esa obra, lo cual podría elevar las tarifas de electricidad.
Si el ICE creara una filial de obra pública, su contabilidad no sería afectada y “se evitaría la alcahuetería sindical de llenar de gente a la entidad”, dijo.