El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó esta tarde que el 30 de julio anterior fue indemnizado por la empresa de telecomunicaciones Alcatel-Lucent por un monto de $10 millones luego de llegar a un acuerdo extrajudicial por daños y perjuicios a raíz del escándalo de corrupción denominado caso ICE/ALCATEL.
El 8 de junio anterior, el Consejo Directivo del ICE autorizó a su área administrativa resolver extrajudicialmente mediante un acuerdo de indemnización, bajo el entendido de que se continúan las causas judiciales penales derivadas de este escándalo.
Según el comunicado del Instituto, tras la fusión de las empresas Alcatel y Lucent Technologies, en el 2008, la nueva compañía Alcatel-Lucent pretendió desde el año pasado resolver extrajudicialmente las diferencias patrimoniales existentes por los daños y perjuicios derivados del caso.
Ese año, Alcatel-Lucent pagó en concepto del daño social causado una suma de $10 millones al Estado de Costa Rica; representado por la Procuraduría General de la República. También en el 2008, Alcatel-Lucent propuso al ICE el pago de $3 millones por reparación de daños y perjuicios, cantidad que fue rechazada por el Instituto; según informó esta tarde en un comunicado de prensa.
Entre 2012 y 2013, Alcatel-Lucent planteó otra propuesta de arreglo del orden de $5 millones; también fue descartada. Sin embargo, a inicios de 2015, se propuso al ICE el pago de $10 millones.
El ICE señala que consideró la conveniencia de poner fin a los litigios entre las dos empresas y el hecho de que la Contraloría General de la República nunca inhabilitó a Alcatel. Debido a ello, su Consejo Directivo aprobó el acuerdo extrajudicial por los $10 millones.
El ICE añadió que "el acto no implica la renuncia a las causas judiciales penales de fondo, que están pendientes desde hace más de 10 años y de las que el ICE seguirá siendo parte activa", indica el comunicado.
Escándalo. El caso se remonta a hace más de una década entre los años 1998 y 2002 cuando el país enfrentó el reto de transformar su tecnología de telefonía celular TDMA a GSM, siendo esta última plataforma una donde había una creciente demanda aunque el Instituto contaba con poca oferta de líneas.
Para resolver la situación, el 28 de agosto del 2001 el ICE adjudicó a la empresa telefónica francesa Alcatel Cit la instalación de 400.000 líneas GSM en el marco de un contrato por $419 millones.
Sin embargo, según el Ministerio Público, la compañía incurrió en el pago de comisiones a empresarios y personajes de la vida política nacional para ganar esa adjudicación. Los dineros ingresaron a las cuentas de sus destinatarios por un entramado de sociedades, transferencias y personas cuya conexión dio origen a procesos judicales, algunos de los cuales no han concluido.
Entre los condenados en 2001 estuvo Édgar Valverde, quien fuera presidente de Alcatel en Costa Rica.
Por los pagos a funcionarios en Costa Rica, la Corte Federal de Miami, Florida, Estados Unidos condenó en 2008 a Christian Sapsizian Auvignon quien fuera vicepresidente adjunto de Alcatel CIT para América Latina. Él recibió una pena de 30 meses de cárcel.