Un proyecto de ley que permitiría a los autobuseros transportar pasajeros en buses con hasta 20 años de antigüedad es una injusticia para los usuarios y favorecería a un grupo reducido de empresas que, además, han recibido múltiples beneficios. Para Jorge Sanarrusia Aragón, consejero del usuario de la Aresep, el plan es un retroceso que viola principios y derechos de quienes pagan la tarifa.
Para él, no hay sustento técnico, jurídico, económico o ambiental para que a los autobuses se les aumente la vida útil, como plantea la iniciativa 22.530 (Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica Provocada por la covid-19), la cual fue convocada por el gobierno como prioritario en el segundo periodo de sesiones extraordinarias.
Como ejemplo, citó que ya los transportistas recibieron diversos beneficios financieros debido a la afectación de la pandemia, como un recorte del canon que deben pagar al Consejo de Transporte Público (CTP) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
También se les recortó el costo del derecho de circulación. Les fue suspendida una rebaja de pasajes a escala nacional de un 4,75% (de ¢5 a ¢425 por carrera) en el 2021 y hasta se les facilitaron arreglos de pago de cánones atrasados.
Además, recalcó que disfrutaron del llamado esquema 70/30 (70% operación y 30% flexibilización) para adaptar sus horarios y flotas. Este beneficio, insistió, permanece vigente por una ampliación hecha por parte del CTP “donde, por cierto, el sustento técnico lo brindó una cámara de autobuseros”.
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Servicio en pocas manos
Para el vocero de los usuarios en la Aresep, si el plan de ley de todos modos sigue, al menos debería clasificarse a las empresas y ver cuáles en verdad tienen necesidad de mantener unidades cinco años más antes de renovarlas, tal como ya lo hizo la Aresep. Para Sanarrusia, quizás sí sea necesario apoyar a empresas pequeñas.
A setiembre de este año, había 339 empresas brindando el servicio público de autobús, según datos de la Aresep. De ellas, el 53% (179) son microempresas con cinco unidades en uso. Otro 22% (75) son transportistas pequeños, con entre seis y 15 unidades.
Hay 50 empresas medianas (15% del total) con entre 16 y 35 autobuses y 35 grandes autobuseros (10%) con más de 35 unidades en uso. Sin embargo, datos de movilización de pasajeros indican que la gran mayoría de pasajeros los moviliza ese grupo de 35 grandes empresas.
Entre enero del 2020 y octubre del 2022, fueron movilizados en autobuses del país 919,5 millones de pasajeros, quienes generaron ingresos en ese lapso por ¢418.821 millones, señalan datos de la Aresep.
De todos los pasajeros trasladados en ese periodo, las 35 empresas grandes movilizaron a 547 millones (59,5%). Los transportistas medianos a 222 millones (24,2%), los pequeños a 122 millones (13,3%) y las 179 micro-empresas atendieron a solo 28 millones de usuarios, es decir, el 3%.
Según el consejero del usuario, el proyecto de ley generaliza la afectación del sector al meter en un mismo saco a todas las empresas sin siquiera clasificar los tipos de empresas por su tamaño y enfocarse en las rutas pequeñas las cuales, reconoció, sí requieren apoyo y acompañamiento estatal para mantenerse.
A su entender, las grandes corporaciones de autobuses no requieren apalancamiento y siempre se les ha garantizado el equilibrio financiero con ayudas extraordinarias, ajustes ordinarios de pasajes y, recordó, que todas tienen derecho a una revisión tarifaria de manera irrestricta y gratuita, siempre y cuando, cumplan los requisitos para presentarlas ante la Aresep.
“El plan de ley, tal y como está, ni respeta ni observa derechos de personas con discapacidad y otros grupos vulnerables. Más bien es abiertamente regresivo en materia derechos humanos por el perjuicio a la calidad de los servicios públicos y de vida de los costarricenses; hacerlo es una injusticia para los pasajeros”, insistió Sanarrusia.