11 sindicalistas de Municipalidad de San José cobraron ¢738 millones en dietas en seis años

Solo uno de los representantes sindicales recibió hasta ¢81 millones por asistir a reuniones de Junta de Relaciones Laborales, beneficio se paga por disposición de convención colectiva

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Un grupo de 11 sindicalistas de la Municipalidad de San José recibió ¢738 millones entre 2015 y 2022, por asistir a las reuniones de la Junta de Relaciones Laborales, órgano a cargo de resolver conflictos de trabajadores y definir sanciones disciplinarias. Amparados en un artículo de la convención colectiva los representantes sindicales cobran entre ¢92.000 y ¢183.000, por presentarse a cada una de las sesiones, que en la mayoría de ocasiones no tardan más de media hora.

Según el Departamento de Presupuesto del Ayuntamiento, seis sindicalistas recibieron de ¢67,3 millones a ¢81,3 millones netos por acudir a las citas de la Junta, entre 2014 y marzo de 2022. Esas seis personas son Francisco Hererra Hall (¢81,3 millones), Eugenio Barrantes Espinoza (¢79,4 millones), Leonardo Araya Montero (¢79,1 millones), Jeanette Collado Vega (¢78,9 millones), Bolivar Sánchez Alvarado (¢69,8 millones) y Hernán Oconitrillo Calvo (¢67,3 millones). Los otros cinco dirigentes gremiales cobraron, en ese mismo periodo, entre ¢5 millones y 19 millones netos.

Los datos mencionados fueron certificados, a solicitud de La Nación, por Juan Manuel Treminio, jefe del Departamento de Presupuesto de la Municipalidad de San José.

Adicional a las cifras pagadas por dietas, todos los sindicalistas reciben desembolsos por concepto de salario o pensión. Por ejemplo, Araya Montero gana ¢2,9 millones brutos por mes como jefe de Plataforma de Servicios; Herrera Hall capta ¢2,6 millones brutos por mes como jefe de la Sección de Egresos mientras que Sánchez Alvarado cobra ¢657.000 como trabajador de limpieza de vías.

Un dato importante es que Eugenio Barrantes Espinoza, representante de la Unión Nacional de Empleados Municipales e integrante de la Junta de Relaciones Laborales, es padre de Lenín Barrantes Villarreal, presidente del Concejo Municipal de San José desde mayo del presente año y uno de los regidores más cercanos a Johnny Araya, alcalde de San José.

Artículo 8 en la discusión

A pesar de que permanece suspendido temporalmente por una falta administrativa, Johnny Araya, alcalde de San José, reafirmó que su plan es eliminar el artículo ocho de la convención colectiva municipal, el cual permite la cancelación de las sumas millonarias a los sindicalistas.

Araya expresó que pretende llevar esa discusión a la negociación de la convención colectiva. “Yo creo que eso es un abuso, me parece que no es correcto y en mis planes está meter esa discusión, la Administración va a sugerir la eliminación de ese artículo”, enfatizó el jerarca.

Se intentó conocer la posición de Lennín Barrantes Villarreal, presidente del Concejo Municipal, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular.

En un reportaje publicado La Nación el pasado 6 de abril, su padre, Eugenio Barrantes Espinoza, manifestó que no estaban dispuestos a renunciar a las dietas.

“El pago de dietas se define por convención colectiva, es un presupuesto que tiene la institución anual (...) Nosotros negociamos la convención parcialmente, lo de las dietas no se toca, eso no es algo negociable”, expresó el sindicalista en esa ocasión.

La Municipalidad de San José contrató a abogados externos para que les brindara asesoría durante la denuncia y renegociación de la convención colectiva, los juristas recomendaron denunciar la totalidad de los artículos, pero el gobierno local se apartó de ese criterio y solo denunció 30 de los 64 artículos.