Suplicio de listas de espera cuesta angustia y dinero a asegurados

La historia de Alexandra Sánchez refleja lo que viven cientos de asegurados de la CCSS que aguardan la llamada prometida para una operación o una cita; la angustia empuja a muchos a pagar ‘por aparte’ para conocer su estado de salud

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Alexandra María Sánchez Salazar se refugió bajo el toldo instalado en la afueras del Hospital San Vicente de Paúl para tomar un poco de aire y comer un bocado. Venía en carrera y se notaba agitada. Cargaba varias bolsas consigo, como si acabara de realizar un largo viaje.

En efecto. Pasaban las 9 a. m. del viernes 14 de octubre. Su travesía hacia el hospital herediano la había comenzado 17 horas atrás, en Bagaces, Guanacaste, donde trabaja como educadora, aunque tiene su casita en San Isidro de Heredia.

La maestra de preescolar no tenía ninguna cita programada, pero sí un objetivo muy claro en mente luego de tantas horas de viaje: ir a la jefatura de Ginecología a preguntar por qué, cuatro años después de detectarle unos miomas en su útero (tipo de tumor benigno que causa profusas hemorragias) no la han llamado para operarla.

Su historia de cuatro años la mostró resumida en varios papeles que sacó de su bolso. Eran numerosas referencias a exámenes y citas que hasta ahora no se han concretado, y que tienen como objetivo final la ansiada cirugía que terminará con sus hemorragias.

“Ya me hicieron la valoración preoperatoria de Medicina Interna pero voy a cumplir en espera cuatro años, más o menos. Cuando me atendieron la primera vez tenía un mioma y resulta que fui a lo privado (pagó una consulta por aparte) y ya no son dos. Ahora tengo seis. Tuve que ir a privado por el asunto de la pandemia, porque aquí (en el San Vicente de Paúl) me cancelaban citas. La prioridad era covid.

“Y ahora, ¡diay!, debido a la ausencia de llamadas, decidí venir. He sentido ciertos síntomas diferentes. El estómago bajo me lo noto diferente. Solicité permiso en mi trabajo para ver si logro que me vean hoy. Voy a intentar pasar primero por jefatura médica para ver qué noticias me dan.

“Yo ya había hablado con ellos y me mandaron a Ginecología y ahí me dijeron que estaba en lista de espera. Pero debido a que ya han pasado nueve meses desde la última vez que vine y nada, por eso, volví”, cuenta doña Alexandra con evidente angustia.

Alexandra Sánchez también preguntó en una clínica particular cuánto le costaría deshacerse quirúrgicamente de esos miomas y la respuesta fue una de las razones que la impulsaron a hacer el viaje de Bagaces a Heredia: “me sale casi en ¢4 millones y es demasiado para mí”.

Largos tiempos de espera

A finales del 2021, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registraba un promedio de 555 días de espera para una cirugía programada; es decir, un año y dos meses.

Pero eso es solo un promedio, porque en ese momento había especialidades que acumulaban más tiempo. Por ejemplo, Ortopedia acumulaba un tiempo promedio de espera de 771 días (dos años y un mes). Ginecología es otra. Y en el Hospital de Heredia, la maestra de Bagaces es, precisamente, una de las que está en lista desde hace cuatro años.

La Nación intentó actualizar los datos sobre tiempos de espera en cirugías, exámenes diagnósticos y citas con el especialista, pero la CCSS informó de que la institución está concentrada en la actualidad en definir las acciones para atender un reciente decreto presidencial que ordenó sacar una cantidad todavía desconocida de mamografías pendientes en el plazo de un mes.

---

La Sala Constitucional ha pedido cuentas a la CCSS sobre este tema y sobre la orden que giró, en el 2019, para acabar con las listas de espera. La audiciencia más reciente fue en agosto anterior, en donde los magistrados revelaron el siguiente dato: solo en el 2021, el número de recursos de amparo por violación al derecho de salud creció un 32% con respecto al 2020.

La docente Alexandra Sánchez no ha considerado presentar un recurso de amparo para terminar con su congoja. Todavía prefiere agotar otras vías aunque, revisando papeles de citas y exámenes se dio cuenta de que, cuando muchos de ellos fueron emitidos, ella tenía 54 años.

“¡Ahora tengo casi 57 años! Se puede usted imaginar mi preocupación. Mi día a día me lo perjudican, sufro muchas molestias, sobre todo cuando debo estar mucho tiempo sentada. Parte de los exámenes que me tienen que hacer es una histeroscopia (procedimiento para revisar el interior del útero), y no me han llamado. Hace más de un año me la enviaron y no me llaman”, comenta.

“Jalo estos papelitos desde hace unos tres años, casi. Para mí es mucho tiempo. Es preocupante. Estas son citas; unas me las cancelaron, en estas otras quedaron de llamarme y no lo han hecho. Yo realmente necesito ver si ya por este año no me van a operar o si, por lo menos, al principio del otro me hacen la cirugía. Hablé por teléfono y me dijeron que viniera”, relata mientras muestra los documentos con las múltiples referencias que ha recibido.

Más ‘gasto de bolsillo’

Como otros asegurados en lista, Sánchez ha tenido que invertir dinero propio en consultas y medicinas en centros privados para resolver lo que en la CCSS no puede. Pero la cirugía está fuera de sus posibilidades económicas.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicado en el 2017 sobre el sistema de salud de Costa Rica, con una revisión de datos del periodo 2000- 2014, detectó un incremento del llamado gasto de los costarricenses en centros médicos particulares, que pasó de un 18,7% de los ingresos totales del sistema general de salud del país (incluye servicios públicos y privados) a un 24,9%.

El gasto de bolsillo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), incluye todos los tipos de gastos sanitarios realizados cuando el hogar se beneficia del servicio de salud público. Entre otros, honorarios médicos, compras de medicamentos, dispositivos, equipos y hospitalización.

La OCDE expuso así la situación: “La tendencia del gasto directo de bolsillo, con grandes números de personas usando los servicios del sector privado, sugiere el desarrollo de un sistema dual (...). Los que pueden pagarlo, están evitando cada vez más las largas esperas (o la mala calidad percibida) del sistema público, y comprando los procedimientos básicos en el sector privado”.

Falta conocer el efecto de la pandemia sobre esos números, que probablemente se incrementaron. Cinco años atrás, un 30% de la población admitía usar servicios privados al menos una vez al año, aunque reconocía su preferencia por los servicios de la Caja para procedimientos complejos.

Una investigación de la Escuela de Salud Pública (ESP) y del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap), reveló un incremento de 3,54% en ese gasto de bolsillo en el periodo 2000-2016.

Los especialistas que lo hicieron, recomendaron priorizar el control de los gastos en salud de la CCSS para reducir los gastos del bolsillo de los usuarios y, además, bajar listas de espera y desincentivar el uso innecesario de los servicios de salud.

---