Los servicios de salud funcionan sin mayores cambios pese a la solicitud del Gobierno de tomar medidas para paliar el déficit fiscal.
Inversiones, salarios y aguinaldos están seguros por ahora, confirmó el gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Gustavo Picado Chacón ante consulta de este diario.
Las previsiones para los pagos de los aguinaldos, salario escolar y salarios corrientes correspondientes al 2017 y 2018 ya están.
"No tenemos un nivel de riesgo o de exposición que podría tener, por ejemplo, un ministerio.
"Estamos monitoreando y desarrollando ejercicios para tomar medidas, si fuera necesario, pero en términos generales la actividad operativa y de inversión se van a poder ejecutar normalmente", manifestó Picado.
Un 80% de los ingresos de la Caja provienen de las cuotas que aportan trabajadores y empresas privadas, afirmó el gerente.
Esto, según su criterio, eso le da mayor seguridad y reduce el riesgo a la institución.
Además, hasta ahora, las transferencias del Estado se han realizado puntualmente. Solo en julio hubo un atraso de un día, pero se resolvió.
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Autoridades de la Caja se reunieron con funcionarios de la Tesorería General –ente adscrito al Ministerio de Hacienda–, en donde se les informó de que podrían generarse algún tipo de atrasos en los depósitos.
"Hasta el momento, nuestro flujo de efectivo sigue siendo normal.
"El Estado ha seguido pagando las transferencias normales. Incluso, después del anuncio que hubo –sobre la falta de liquidez del Estado– se pagaron los montos dispuestos", explicó el gerente financiero.
Picado afirmó que, recientemente, se realizó sin problemas la transferencia de los ¢4.000 millones correspondientes a la obligación que establece el Código de Niñez y Adolescencia.
Parte de las reservas que tiene la Caja provienen del ingreso de varios préstamos, entre ellos, uno por $105 millones del Banco Mundial, dijo Picado.
Esas reservas permitirán ejecutar el plan de inversiones elaborado por la institución, en donde se incluyen la construcción de nuevos hospitales, la ampliación y remodelación de instalaciones y la compra y restitución de equipo médico.
El presupuesto de la CCSS para el 2017 es de ¢3,4 billones (un 6% más en comparación con el 2016): ¢2,1 billones corresponden al Seguro de Salud (responsable de atender los riesgos de enfermedad y maternidad), y ¢1,1 billones son del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Otros ¢149.667 millones se distribuyen entre los beneficiaros del Régimen No Contributivo de Pensiones.
Proyectos institucionales
En abril anterior, las autoridades de la Caja anunciaron una "inversión histórica" en infraestructura y equipo para los próximos cinco años.
Según informaron en aquel momento, se dedicaría un 8,5% de su presupuesto del Seguro de Salud para renovar edificios y equipos.
Ese porcentaje no se había visto desde la crisis que golpeó las finanazas de la institución entre entre 2010 y 2013, cuando se paralizaron todas las inversiones y se estancó en un 2% la porción del presupuesto dedicado a nuevas edificaciones y equipos.
Entre los nuevos proyectos en camino están la torre del Hospital Calderón Guardia, el nuevo Hospital William Allen de Turrialba, la Torre de la Esperanza y 33 nuevas sedes de Ebáis.
La institución ha recurrido a nuevas figuras para financiar estos proyectos; entre ellas, la del fideicomiso de obra pública.
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También elaboró un portafolio de 113 proyectos, creó dos fondos de recuperación (uno para infraestructura, conocido como FRI, y otro de equipamiento, llamado FRE) por alrededor de ¢10.000 millones anuales, y fortaleció el presupuesto de las hospitales.
En principio, todos estos proyectos siguen en pie pues, según Picado, solo un evento "excepcional" podría cambiar el rumbo de los acuerdos tomados para superar el rezago en equipamiento e infraestructura.
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Apenas el 1.° de agosto, el presidente Luis Guillermo Solís Rivera reconoció públicamente los problemas que enfrenta su gobierno para "pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales".
Cuatro días después, el presidente ordenó a los ministerios detener "todas" las contrataciones de bienes y servicios financiadas con recursos internos, como parte de las medidas para afrontar la crisis de liquidez en las finanzas públicas.