Los proyectos de ley para regular la técnica de fecundación in vitro en el país se alejan cada vez más de ver la luz en el plenario legislativo.
Actualmente, el único texto que ha sido dictaminado es el que presentó el diputado independiente Luis Fishman, sin embargo, los mismos diputados que están a favor de la técnica y quienes lo dictaminaron en la Comisión de Asuntos Sociales, aseguran que no está listo para ser aprobado. Por esa razón, la idea era sacarlo de la comisión y empezarlo a mejorar en el plenario.
Además este texto se encuentra cerca del lugar 140 del orden del día en el plenario.
Fishman aseguró que la impresión que tiene es que ese proyecto no es prioritario y dijo sentirse preocupado en vista de que mientras no haya legislación, la técnica podría aplicarse por la libre.
Según la diputada del Partido Acción Ciudadana, María Eugenia Venegas, en la comisión de sociales también analizan la iniciativa que envió la presidenta Laura Chinchilla, elaborado con recomendaciones del Ministerio de Salud y que ha sido ampliamente discutido.
A este texto "le han llovido" mociones dentro de la comisión y Venegas asegura que ve lejano que pueda ser dictaminado.
También existe un texto sustitutivo y dos más de minoría cuyo futuro es el mismo, dada la falta de acuerdo que predomina en la comisión.
Según Venegas, los diputados que se oponen en la técnica son radicales en los puntos de discusión, como el tema de que no se conserven embriones, que la técnica solo se realice a parejas de casados o que no se permitan los vientres de alquiler.
Por su parte la diputada Rita Chaves, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), aseguró que lo que impide que el texto salga de la comisión son los mismos diputados a favor de la técnica. Para ella, al existir tres textos es muy difícil que haya consenso.
A su juicio, el texto de Fishman, "no sirve", pues es muy general y no se podría discutir porque tiene roces constitucionales.
Los legisladores manifestaron su preocupación, pues se acerca la fecha fijada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que Costa Rica emita su informe sobre el avance tras el fallo emitido en diciembre del año pasado.
Además, según Venegas, el país se expone a sanciones de carácter internacional.